Adjudicada la redacción del nuevo Plan General por 1,1 millones

El Consejo Rector de Urbanismo acordó este miércoles adjudicar el contrato marco para redactar el nuevo Plan General de Ordenación y Evaluación Ambiental Estratégica de Santa Cruz de Tenerife a la sociedad limitada profesional Álvarez-Álvarez & Navarro por 1,1 millones de euros y un plazo máximo de 17 meses.

Con la adjudicación de este contrato, Santa Cruz emprende el proceso definitivo de normalización y homologación jurídica del planeamiento urbanístico, después de la resolución judicial de anulación del Plan vigente de 2013 dictada hace un año por el Tribunal Superior de Justicia y recurrida en casación por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo.

La primera teniente de alcalde, Zaida González, afirma en un comunicado que la adjudicación representa el comienzo de la cuenta atrás para que Santa Cruz se dote de una vez por todas y a la mayor brevedad de un Plan General integral y ajustado a la legalidad, que disipe cualquier duda o incertidumbre para todos los actores, públicos y privados, que interactúan en materia de planeamiento.

Zaida González señala que con independencia de la suerte que corra el recurso de casación presentado ante el Supremo, el objetivo desde hace meses es trabajar en paralelo para corregir tantos el déficit del planeamiento de 2013 como las consideraciones que llevaron al Tribunal Superior a declararlo nulo.

El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, indica por su parte que ya se venía trabajando en solventar todas las deficiencias detectadas en el Plan de 2013, entre otras las referidas a los planes parciales de desarrollo, pero ahora tras la sentencia del Tribunal Superior, también incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica.

“Nuestra intención ha sido siempre que cuando el Supremo resuelva el recurso de casación, Santa Cruz esté en las mejores condiciones para aprobar un Plan absolutamente legalizado, de forma que la ciudad no quede estancada y deba iniciar de cero un nuevo planeamiento, con la pérdida de tiempo y de oportunidades que eso representaría”, argumenta.

Carlos Tarife destaca que, entre otras cuestiones, la redacción del nuevo Plan persigue la simplificación del marco de actuación, de manera que el Plan general no remita tanto al desarrollo de planes especiales o parciales y permita agilizar la inversión pública y privada en la ciudad.

Asimismo, el concejal avanza que esta nueva redacción permitirá actualizar el catálogo de protección anejo y, en ese sentido, representa un cauce sensato y oportuno donde dirimir las diferencias de criterio que al respecto mantienen las corporaciones municipal e insular.

De igual forma, Tarife confirma que el futuro Plan debe desarrollar con precisión los 573.000 metros cuadrados cedidos al municipio por la compañía Cepsa y que son la vía más importante de expansión que tiene la capital a medio y largo plazo.

Por último, el concejal insiste en que el planeamiento sobre el que se trabaja tendrá especial incidencia en el distrito suroeste al abordar la ordenación y reubicación de las actividades logísticas de carácter industrial, con el fin de recuperar suelo rústico y racionalizar los usos industriales y residenciales de la zona.

Tarife advierte de que aunque el plazo de entrega es de 17 meses “lógicamente el proceso atenderá cuantos periodos de información pública se precisen para garantizar no sólo la legalidad sino fundamentalmente la participación ciudadana”.

El informe aprobado hoy por el Consejo Rector realiza un pormenorizado relato de los antecedentes de esta adjudicación externa, que está justificada por la limitación de los medios personales y materiales y por la carga objetiva y ordinaria de expedientes a la que es preciso dar curso.

El área de Urbanismo ha optado por la utilización de la figura del acuerdo marco, donde concurren distintas empresas, a las que se pueda recurrir de modo ágil y rápido.

Pliego de cláusulas
El texto de la propuesta acordada recuerda que estando ya en trámite el expediente del Acuerdo Marco, que inicialmente comprendía sólo los planes parciales de desarrollo, así como los proyectos de equidistribución y de urbanización, se dictó sentencia en julio de 2017 por parte del Tribunal Superior de Justicia anulando el Plan General de 2013.

En ese escenario y con independencia de la interposición de un recurso de casación contra la anulación del planeamiento de 2013, la Gerencia decidió entonces modificar el pliego de cláusulas del Acuerdo Marco, con el fin de introducir en su contenido la subsanación de los aspectos objetados por el Tribunal.

El nuevo expediente de licitación del Acuerdo Marco y los pliegos de cláusulas asociados fueron informados por el área municipal de Contratación y por la Secretaría Delegada en septiembre de 2017 y aprobados de manera definitiva por parte del Consejo Rector de Urbanismo el día 22 del mismo mes. Determinación que fue publicada mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 6 de octubre de 2017.

A resultas del procedimiento abiertos, se presentaron 16 propuestas de otras tantas empresas licitadoras, que una vez estudiadas por Urbanismo requirieron subsanaciones puntuales, que fueron avaladas por el Ayuntamiento en diciembre del pasado año.

Meses después, en marzo de 2018, se definió la Mesa de Contratación, responsable de iniciar las licitaciones de los distintos contratos administrativos que se derivan del Acuerdo Marco, que cursó invitación para formular ofertas a las empresas previamente habilitadas; obteniendo respuesta de un total de 6 entidades.

Finalmente, en abril, se constituye la Mesa de Contratación, instancia que evalúa las distintas ofertas y el 15 de junio pasado propone la adjudicación hoy respaldada por el Consejo Rector de Urbanismo.

Junto a la empresa adjudicataria, la resolución definitiva de esta licitación autoriza un gasto de 1.120.000 euros y un importe asociado por fiscalidad indirecta de 78.400 euros para la realización en un periodo de 17 meses de la redacción del nuevo Plan General y de la Evaluación Ambiental Estratégica, aspecto éste último que resultó nuclear en la anulación del Plan General de 2013 dictada por el Tribunal Superior.

La consignación presupuestaria se distribuye en dos anualidades; a razón de 340.000 euros y 23.800 euros de IGIC en el presente ejercicio, y 780.000 euros y 54.600 euros de IGIC en el próximo.

De forma simultánea, el Consejo Rector requiere a la empresa adjudicataria a constituir una garantía definitiva por importe de 56.000 euros, correspondiente al 5 por ciento del precio de adjudicación.

El expediente cuenta con la conformidad sin observación alguna de la Intervención General del Ayuntamiento de Santa Cruz.