Un administrador de loterías se enfrenta a un desfalco de más de 180.000 euros

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el acusado por malversación de fondos públicos

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Imagen alusiva de una administración de Loterías y Apuestas del Estado. / Imagen de la red
Imagen alusiva de una administración de Loterías y Apuestas del Estado. / Imagen de la red

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife albergará desde el jueves el juicio contra un administrador de loterías acusado de malversación de fondos públicos, en concreto 181.798,10 euros, cifra que se le exige indemnizar, más intereses, a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Según la Fiscalía, que pide para el acusado cuatro años de cárcel, éste firmó un contrato por virtud del cual sería el encargado de la gestión de un establecimiento o Punto de Venta Integral (PVI) en Santa Cruz de Tenerife, encargándose de la comercialización de todos los juegos del Estado cuya gestión, explotación y comercialización corresponde a la SELAE.

Beneficio ilícito

Afirma el fiscal que con el ánimo de "obtener un beneficio patrimonial ilícito y de causar un perjuicio al patrimonio de SELA", no proveyó fondos a la administración que gestionaba.

De modo que cuando la SELAE giró cuatro recibos contra la cuenta de la administración, correspondiente a una mensualidad, solo cobró uno de ellos por importe de 19.048,19 euros.

Los cuatro giros

El primer recibo, girado por una cantidad de 139.103,33 euros, fue devuelto por 138.951,41 euros, al solo haber en la cuenta asociada al PVI la cantidad de 151,92 euros. El segundo, girado por una cantidad de 33.726,00 euros, fue devuelto por 33.606,00 euros, al solo haber en dicha cuenta 120 euros. Y el cuarto, girado por una cantidad de 9.302,50 euros, fue devuelto por 9.240,69 euros, al solo haber en la cuenta 61,81 euros.

A raíz de estas devoluciones, funcionarios de la inspección de SELAE realizaron una inspección a la administración de lotería del acusado, en la que detectaron un descubierto que quedó definitivamente fijado en 181.798,10 euros, correspondientes a las cantidades devueltas anteriormente mencionadas.

Los hechos descritos son constitutivos de un delito de malversación impropia de caudales públicos. 

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