Los propietarios del complejo de apartamentos Porto Bello, en Gran Canaria, han denunciado al Gobierno de Canarias por los destrozos que se produjeron en estas instalaciones cuando se usaron para la acogida de jóvenes inmigrantes. La denuncia, que demanda una indemnización de cerca de un millón de euros hace referencia a la revuelta producida en febrero de 2021 por parte de un joven marroquí.
Este edificio fue usado hasta el pasado 31 de julio para la acogida de personas que llegaron de manera ilegal a Canarias. Durante varios meses el complejo fue tutelado por la ONG Respuesta Social con la intención de dar una solución digna a los inmigrantes. Pero desde finales de 2021 la empresa ha vuelto operar y reclama el reparo de los desperfectos al gobierno canario. De esta forma, la sociedad Hermanos Medina La Herradura SL se ha retirado como acusación particular de la causa contra el joven marroquí a cambio de la indemnización.
Una revuelta en un complejo turístico
La revuelta tuvo lugar el 8 de febrero de 2021, cuando el joven marroquí acusado, que se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel por delitos de desórdenes público en concurso ideal con los de atentado y daños. Según la acusación el acusado, con una pata de madera de una cama de una habitación y en compañía de otros cuatro menores amedrentaron a los residentes del complejo.
Durante los incidentes, se rompieron cristales de las puertas y de las ventanas,así como todo tipo de muebles y electrodomésticos, de vigas, de enganches o de tomas de luz, según la Fiscalía. Y añade que los menores lanzaron diversos objetos, como microondas, sillas o mesas, por los balcones de las habitaciones de las plantas superiores hacia las inferiores, provocando que los educadores del centro tuvieran que esconderse para evitar que los lesionaran y a la espera de la llegada de las fuerzas de seguridad,
Cuando los agentes acudieron al lugar de los hechos, descubrieron que los jóvenes habian solocado sillas a modo de barricadas, con cristales en el suelo, además de agua con jabón derramada para impedir su acceso y la detención de los autores, lo que les llevó varias horas, añade el escrito de acusación.