Un estudio de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han puesto de manifiesto la necesidad de potenciar el sistema de protección a la infancia, adolescencia y familias y dotar adecuadamente la atención a la salud mental infanto-juvenil.
Son algunas de la conclusiones del estudio ‘Impacto del COVID-19 sobre el Bienestar de la Infancia, Adolescencia y Familias en Canarias’, encargado por la dirección general de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias y hecho público este lunes a través de un comunicado.
En la investigación también se concluye la necesidad de mejorar los servicios de integración social de las personas menores en acogimiento residencial y con medidas judiciales de régimen abierto.
Objetivo
“El objetivo de este trabajo de investigación ha sido analizar los efectos de una situación desconocida como fue la de la crisis sanitaria generada por el virus del COVID-19 y cómo influyó en el funcionamiento de los ámbitos del sistema de prevención, protección y atención a nuestra población infanto-juvenil”, ha explicado la directora general del área de Infancia y Familia, Iratxe Serrano.
Además, explica que “el fin último ha sido dotarnos con un conjunto de herramientas que nos permitan mejorar la atención en este ámbito frente a futuras situaciones similares”.
Respuestas efectivas
Serrano también ha expresado que “el estudio nos permite contar con claves para tomar de decisiones y ofrecer respuestas más efectivas ante esta u otras posibles crisis sanitarias y asegurar, de esta forma, un cinturón que proteja de forma certera y adecuada el bienestar de nuestras chicas y chicos y de sus familias”.
El trabajo ha realizado entrevistas para recoger el punto de vista de los colectivos implicados, desde las personas menores y las familias hasta profesionales de los ámbitos de familia, educación, sanidad, servicios sociales y de protección de menores, entidades sociales, justicia y medios de comunicación.
Más actuaciones
Del estudio, además, se han extraído la necesidad de robustecer el sistema público de prevención y mejorar los servicios educativos, sanitarios y judiciales de atención especializada para afrontar las consecuencias de la pandemia.
Asimismo, ve necesario poner en marcha líneas de actuación dirigidas a superar la brecha digital para que todos se beneficien por igual de los avances tecnológicos; ajustar la imagen social de la infancia y de la adolescencia a la evidencia contrastada, evitando, por ejemplo, la estigmatización y destacando su implicación responsable en el cuidado de sí mismo y de los demás.
Por último, aborda la potenciación del trabajo en red entre diferentes servicios y recursos de entidades sociales en el área infancia, adolescencia y familias.