Monumento a Franco. / ATLÁNTICO HOY
Monumento a Franco. / ATLÁNTICO HOY

El análisis del catálogo de vestigios franquistas se prolongará al menos hasta noviembre

El Gobierno de Canarias continúa revisando el documento de más de 9.300 páginas elaborado por la Universidad de La Laguna antes de iniciar su tramitación pública

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El Gobierno de Canarias decidió hace pocas semanas que la escultura de Juan de Ávalos, conocida popularmente como el Monumento a Franco, no reúne los requisitos necesarios para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC). La ausencia de valores artísticos suficientes para justificar esa protección puso fin a una larga controversia en torno a la conservación de la obra. El debate se centra ahora en cuál debe ser el futuro de la escultura. Sin embargo, hasta que no se apruebe de forma definitiva el Catálogo de Vestigios Franquistas de Canarias, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no podrá adoptar una decisión al respecto. 

Seguridad jurídica pendiente

Y no solo el consistorio capitalino. Tampoco podrán hacerlo los demás ayuntamientos que albergan alguno de los más de 400 vestigios franquistas identificados en el Archipiélago, ya que su retirada o resignificación podría realizarse sin las suficientes garantías jurídicas. Así lo sostiene el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez, quien explica que, aunque las administraciones locales tienen competencias para actuar sobre estos símbolos, lo más recomendable es esperar a la aprobación y publicación del catálogo.

No obstante, su entrada en vigor no se prevé a corto plazo. El documento, compuesto por más de 9.300 páginas, fue entregado de forma definitiva al Gobierno de Canarias en abril de 2025. Más de un año después, Umpiérrez señala que la documentación continúa siendo analizada para comprobar que cumple con las condiciones establecidas en el convenio suscrito con la Universidad de La Laguna, responsable de su elaboración.

Los plazos de aprobación

"Estamos en ese proceso y esperamos que pueda estar resuelto en la primera quincena de noviembre, como muy tarde", explica el viceconsejero. Si finalmente la aprobación se retrasa hasta noviembre, la entrada en vigor del catálogo antes de que concluya la actual legislatura quedará más ajustada a los plazos previstos.

Una vez finalice el análisis técnico que está realizando la Consejería de Cultura, el documento será elevado a la Comisión Técnica de Memoria Democrática, órgano encargado de emitir el informe previo a su aprobación. Superado este trámite, el catálogo será publicado inicialmente en el Boletín Oficial de Canarias.

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El Catálogo de Vestigios Franquistas de Caanrias. / UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Información pública y alegaciones

Esa primera publicación abrirá un periodo de información pública durante el cual ciudadanos, entidades y administraciones podrán presentar alegaciones. Una vez estudiadas y respondidas, el catálogo deberá publicarse nuevamente, esta vez de forma definitiva.

Será entonces cuando las administraciones locales dispongan de un marco jurídico sólido para decidir el futuro de las esculturas, monumentos, calles, placas, fuentes y otras referencias vinculadas al franquismo. La legislación en materia de memoria democrática contempla, con carácter general, dos opciones: su retirada o su resignificación, adaptándolos a los valores democráticos actuales.

El catálogo de vestigios franquistas

El Catálogo de Vestigios Franquistas de Canarias constituye el mayor inventario realizado hasta la fecha sobre la presencia de símbolos vinculados a la dictadura en el Archipiélago. Elaborado por un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna, el trabajo identifica 428 vestigios franquistas distribuidos por las ocho islas.

Entre los elementos catalogados figuran monumentos, esculturas, placas conmemorativas, cruces, escudos, denominaciones de calles, honores y otras menciones consideradas contrarias a la legislación de memoria democrática. Del total, 225 vestigios se localizan en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 203 en la de Las Palmas.

La investigación se desarrolló durante varios años y quedó recogida en una documentación que supera las 9.300 páginas, en las que se analiza cada elemento, su contexto histórico y las posibles medidas a adoptar. El catálogo no implica automáticamente la retirada de todos los símbolos incluidos, pero sí establece una base técnica y jurídica para que las administraciones puedan decidir, caso por caso, si procede su eliminación o resignificación.