El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Dirección General de Edificación y Actividades, ha resuelto aceptar el desistimiento de la solicitud de licencia de instalación presentada por Fábrica La Isleta para poder funcionar como una sala de fiestas con espectáculo y bar cafetería en la calle Matagalpa, nº 1.
La compañía solicitó el permiso el 3 de marzo de 2024, pero el 12 de noviembre de ese mismo año decidió abandonar el trámite, renunciando así al proyecto. Posteriormente, el 5 de diciembre, un informe técnico respaldó la aceptación del desistimiento, fundamentado en el artículo 94 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Violencia de género
Fuentes del sector apuntan a que, además de los requisitos administrativos y posibles dificultades económicas, la viabilidad del proyecto podría haberse visto afectada por dos condenas por violencia de género de Alberto Medina, fundador y director de Fábrica La Isleta.
Su situación judicial, tras una información publicada por La Provincia en mayo de 2024 —sólo dos meses después de solicitar la licencia a la administración municipal—, generó controversia pública y rechazo social, lo que podría haber afectado la imagen y sostenibilidad del negocio.
Desde que se conoció la sentencia, el nombre de la empresa quedó salpicado por la polémica, lo que habría dificultado la búsqueda de socios y la captación de inversión para sacar adelante el establecimiento de ocio nocturno. En un contexto donde la sensibilidad social y empresarial respecto a estos delitos es cada vez mayor, la vinculación de Medina con el proyecto pudo convertirse en un lastre insalvable.
Futuro incierto
Con esta decisión, se desconoce si la empresa intentará retomar el proyecto —sin actividad desde hace casi un año— en otra ubicación o bajo otra dirección. Desde que se conoció Lo que sí parece claro es que la apertura de la sala de fiestas en el número 1 de la calle Matagalpa queda descartada.
Por el momento, ni Fábrica La Isleta ni su director han hecho declaraciones sobre los motivos exactos del desistimiento, aunque el contexto que rodea al caso deja entrever que las dificultades iban más allá de la burocracia municipal.