El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado un auto que confirma que la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) y su expresidenta Cristina Andreu no han cumplido en su totalidad la sentencia firme que las condenó por vulnerar el honor de la productora Marta de Santa Ana.
La resolución, fechada el 18 de noviembre de 2025, señala que la condena de julio de 2022 sigue sin ejecutarse en aspectos esenciales, a pesar de haber sido ratificada en tres instancias judiciales, incluida la del Tribunal Supremo, cuyo fallo se mantuvo en enero de 2025. Las condenadas debían retirar de su web y de sus perfiles en redes sociales todos aquellos comentarios que lesionaban el derecho al honor de Marta de Santa Ana.
Pago de costas
El despacho Arauz de Robles, que representa a Santa Ana, acreditó ante el juzgado que los comentarios que dieron origen al caso continúan accesibles en la web y redes sociales de CIMA, que no se ha publicado íntegramente la sentencia en el enlace facilitado por la asociación y que no se han justificado las publicaciones ordenadas en la Agencia EFE ni los requisitos exigidos en Canarias7 y ABC.
Ante estas irregularidades, la jueza ha ordenado seguir la ejecución hasta el cumplimiento íntegro de la sentencia y ha impuesto nuevamente el pago de costas a CIMA y a Cristina Andreu, al considerar que no han acreditado el cumplimiento de las obligaciones fijadas en la condena.
Primera sentencia
La primera sentencia, dictada de 2022, condenó a Andreu y CIMA por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la productora “al haber divulgado, a través de las redes sociales, así como en diversos medios de prensa”, comentarios “que le imputan conductas delictivas” sin aportar “el más mínimo principio probatorio”.
Se reconoció que la actuación de Andreu y CIMA estigmatizó a Marta de Santa Ana, dado que su figura “se percibía como una amenaza capaz de hacerle sombra por parte de la junta de CIMA”. Así, comenzaron a llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ella, condicionando su vida profesional y perjudicando a su película Benito Pérez Buñuel, hasta el punto de que instituciones públicas le retiraron apoyos para su película.
Marta de Santa Ana había sido la primera delegada de CIMA en Canarias, la mujer que creó la oficina en las Islas en 2017, y realizó las actividades más relevantes de esta asociación. Tras su baja de CIMA, en septiembre de 2019, motivada por el acoso que sufría, Cristina Andreu designó a Alba González de Molina, que había ingresado en la asociación de la mano de la propia Marta de Santa Ana, como nueva delegada, y que alcanzó después el puesto de directora-gerente de CIMA en el ámbito nacional, cargo que aún ocupa.
Dos juntas directivas
El caso afecta a dos juntas directivas: la que fue condenada, presidida por Cristina Andreu, y la actual, encabezada por Guadalupe Balaguer. Según la información aportada, la nueva directiva tampoco ha establecido contacto con la productora ni ha expresado disculpas.
La ejecución pendiente coincide con la celebración de unas jornadas sobre mujeres profesionales del audiovisual organizadas por el Gobierno de Canarias, para las que se ha contado con la participación de CIMA, pero no de la productora afectada, que continúa en proceso de ejecución judicial.
Además de la creadora de la oficina del CIMA, de Santa Ana tiene 30 años de trayectoria en el sector y es productora de Benito Pérez Buñuel, considerado el primer documental producido en Gran Canaria con distribución comercial en España. La película acumula reconocimientos en festivales internacionales y se ha emitido en varias televisiones públicas.
Además de su trabajo cinematográfico, Santa Ana ha promovido medidas de igualdad en el sector audiovisual canario, entre ellas la introducción de criterios para fomentar la contratación de mujeres en las ayudas públicas. Estas políticas contaron con el respaldo unánime del Parlamento de Canarias.