El Cabildo de Tenerife ha sacado a licitación el servicio de dirección facultativa de las obras para reparar los daños detectados en el Auditorio Adán Martín. El contrato cuenta con un presupuesto base de 1.219.350,28 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de 40 meses, según el anuncio publicado el 14 de octubre en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La contratación comprende la dirección de obra, la dirección de su ejecución y la coordinación de seguridad y salud. El importe corresponde a estos servicios técnicos de supervisión y control. El presupuesto global de la reparación es independiente y su financiación constituye uno de los principales puntos del conflicto entre la institución insular y los responsables de la construcción.
Un modelo tridimensional para medir el trencadís
El servicio incluye tanto trabajos previos como la supervisión durante la ejecución de las obras. Entre las primeras tareas figura el levantamiento completo del exterior del edificio mediante láser escáner o tecnología LiDAR y un dron con cámaras. Con ello se obtendrá un modelo digital tridimensional para calcular las superficies exactas del revestimiento de trencadís que deberán reponerse y comprobar las mediciones utilizadas en las certificaciones de obra.
El equipo técnico también tendrá que revisar exhaustivamente el proyecto para detectar errores, omisiones o diferencias respecto al estado real del inmueble. Además, elaborará un inventario de los elementos que puedan verse afectados por la intervención.
La colocación del trencadís y las impermeabilizaciones contarán con un técnico de vigilancia con dedicación exclusiva, que deberá estar presente durante esos trabajos. Sus funciones incluyen comprobar los soportes, los adhesivos, la disposición de las piezas, las juntas y los tiempos de curado.
Un conflicto que se prolonga desde hace años
Un peritaje encargado en 2016 detectó deficiencias de adherencia del revestimiento, junto con otros factores relacionados con las juntas y los movimientos del edificio. En 2018 se ordenó reparar los daños y se atribuyeron responsabilidades a los agentes implicados en la construcción.
El Cabildo reclamó la reparación al arquitecto Santiago Calatrava, las constructoras y los responsables técnicos. Una de las cuestiones que enfrenta a las partes es si los daños proceden del diseño del edificio o de la ejecución de las obras.
Las reclamaciones derivaron en recursos judiciales y, en 2019, el juez instó a las partes a buscar un acuerdo. El proceso dio paso a años de negociaciones y sucesivos plazos para elaborar la propuesta técnica. El Cabildo recibió finalmente el proyecto definitivo de Calatrava el 6 de febrero de 2026, tras modificaciones solicitadas por sus técnicos.
El reparto de la factura es otro de los puntos controvertidos. Aunque Rosa Dávila anunció en enero de 2025 que Calatrava y la contrata asumirían la reparación a partes iguales, informaciones posteriores seguían situando la financiación dentro de las negociaciones. El PSOE reclama que el coste recaiga sobre los responsables de los daños.
El proyecto difundido en 2026 contempla unos 17,6 millones de euros, impuestos incluidos. Esta cifra es distinta de las estimaciones anteriores cercanas a 24 millones, que también consideraban el impacto económico de un posible cierre del recinto.
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