La película Ruega por nosotras, dirigida por Daniel Monzón y estrenada este viernes 6 de noviembre, lleva a los cines uno de los episodios menos conocidos de la represión franquista: el funcionamiento del Patronato de Protección a la Mujer, una institución que llegó a encerrar a miles de jóvenes por comportamientos considerados contrarios a la moral de la época. Aunque la historia de la película transcurre entre Barcelona y Madrid, esta realidad también estuvo presente en Canarias.
Durante décadas, Gran Canaria y Tenerife albergaron centros vinculados al Patronato, algunos gestionados por congregaciones religiosas, en los que se internaba a adolescentes y mujeres jóvenes para su supuesta protección y reeducación. Su presencia está documentada tanto en archivos históricos como en disposiciones oficiales del Estado.
La existencia de esta red en el Archipiélago queda reflejada en el Boletín Oficial del Estado de junio de 1984, cuando se formalizó el traspaso de las competencias del Patronato a la comunidad autónoma. El documento identifica expresamente las juntas provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Los centros canarios
En Gran Canaria, una de las congregaciones vinculadas al sistema fue la de las Religiosas Adoratrices, que disponía de instalaciones en Tafira. La congregación llegó a gestionar un establecimiento en Tafira Alta con capacidad para albergar a 150 jóvenes y un Centro de Observación y Clasificación.
Estos últimos centros constituían uno de los primeros pasos del sistema de internamiento. Allí se examinaba y evaluaba a las jóvenes antes de decidir su destino dentro de la red de instituciones.
En Las Palmas también funcionó el Hogar Nuestra Señora del Rosario, gestionado por las Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor. Tenía una capacidad de 60 plazas y estaba destinado al internamiento y la denominada reeducación de las jóvenes.
La red se extendía igualmente a Tenerife. En La Laguna se encontraban el Colegio de Santa María de Gracia y el Hogar-Taller La Purificación de María, situado en La Cuesta. Este último contaba con 40 plazas en régimen de internado.
También existió la Maternidad Nuestra Señora de la Paz, en El Majuelo, vinculada al Patronato y destinada a menores. Su capacidad era de 50 plazas.
La existencia de los centros de Santa María de Gracia y La Purificación de María también ha sido recogida por la Radio Televisión Canaria, que abordó el funcionamiento de esta institución y su presencia en las islas.
¿Por qué las encerraban?
El Patronato de Protección a la Mujer fue reorganizado por la dictadura franquista en 1941. Su finalidad oficial era proteger a las mujeres consideradas en situación de riesgo y proporcionarles una educación acorde con los valores católicos.
Sin embargo, las investigaciones históricas y los testimonios de supervivientes han demostrado que se convirtió en un mecanismo de control sobre la conducta, la sexualidad y la vida cotidiana de las mujeres.
Una joven podía acabar bajo la tutela de la institución por una denuncia de su propia familia, de un vecino o de las autoridades. En numerosos casos, las internas no habían cometido ningún delito ni existía una resolución judicial que justificara su privación de libertad.
El sistema perseguía comportamientos que se apartaban del modelo femenino defendido por la dictadura. Las jóvenes podían ser internadas por mantener relaciones consideradas inapropiadas, desafiar la autoridad familiar o no ajustarse a las normas morales impuestas.
Dentro de los centros, las supervivientes han denunciado castigos, aislamiento, vigilancia constante, imposición de prácticas religiosas y trabajos no remunerados. Estas prácticas aparecen recogidas en la documentación histórica sobre el funcionamiento general del Patronato.
También hubo traslados
La presencia de reformatorios en Canarias no evitó que algunas jóvenes fueran enviadas a instituciones situadas fuera del Archipiélago.
La saturación de determinados centros de Gran Canaria, así como la negativa a admitir a algunas jóvenes, provocó traslados a la Península o a establecimientos de Tenerife.
La misma investigación recoge referencias a adolescentes procedentes de zonas rurales canarias que habían sufrido violencia sexual en su entorno familiar y terminaron internadas en reformatorios peninsulares.
Estos episodios permiten conectar la realidad del Archipiélago con la historia que presenta Ruega por nosotras, aunque la película no esté ambientada en Canarias.
Hasta 1985
La película se sitúa en 1974, durante los últimos años del franquismo, pero el Patronato de Protección a la Mujer sobrevivió a la muerte del dictador y continuó funcionando durante la Transición.
En Canarias, el traspaso de sus funciones a la comunidad autónoma tuvo efectos desde enero de 1984, mientras que la institución fue suprimida definitivamente en 1985.
Más de cuatro décadas después, su historia vuelve a la actualidad por el estreno cinematográfico y por el reconocimiento institucional de las víctimas.
El pasado 28 de octubre, el BOE publicó la declaración del Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Democrática. La resolución reconoce que miles de mujeres sufrieron internamientos sin garantías jurídicas y que la institución constituyó un instrumento de represión específico contra ellas.
Ahora, Ruega por nosotras, protagonizada por Zoe Bonafonte y Manuela Calle, recupera en la gran pantalla una parte de esa memoria. Una historia que, aunque ambientada lejos de las islas, también tiene capítulos documentados en Canarias.
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