La ampliación del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030 no solo implica una obra de gran envergadura, sino un cambio estructural en su modelo de gestión. Y es precisamente en ese punto donde se encuentra la clave menos visible del acuerdo presentado este miércoles entre el Cabildo y la UD Las Palmas.
Más allá de la aportación de 60 millones de euros por parte del club para una inversión total que alcanza los 174 millones, el documento fija un principio fundamental: el estadio seguirá siendo un bien de dominio público, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, sin que la inversión privada altere esa titularidad.
Este matiz define todo el modelo futuro.
Explotación comercial
El acuerdo deja claro que la UD Las Palmas no adquiere el estadio ni obtiene derechos de propiedad, sino que su participación económica está vinculada a su futura presencia en la explotación económica del recinto.
Ahí radica el cambio: el club pasa de ser usuario a actor económico dentro del estadio.
En la práctica, esto permitirá a la UD explotar áreas clave del nuevo recinto, especialmente aquellas vinculadas a su actividad y a las nuevas oportunidades de negocio que traerá la reforma: zonas VIP, hospitality, restauración, espacios comerciales, eventos corporativos o nuevas líneas como gimnasios o congresos.
La lógica es clara: generar ingresos más allá del fútbol, algo que el propio presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, situó como prioritario incluso por encima de la inversión deportiva inmediata.
Control del Cabildo
Sin embargo, el Cabildo no solo mantiene la propiedad, sino también el control estratégico del estadio. Seguirá siendo la institución que lidere la gestión global del recinto y garantice su uso como infraestructura pública de carácter insular.
Este punto introduce un elemento clave: la convivencia entre intereses públicos y privados.
Mientras la UD Las Palmas buscará rentabilizar comercialmente el estadio, el Cabildo conservará la capacidad de decidir sobre su uso en función del interés general. Eso incluirá la posibilidad de reservar fechas para eventos no deportivos, como conciertos o festivales de relevancia para la isla, algo habitual en este tipo de instalaciones.
El reto
El protocolo presentado no define aún el modelo definitivo. De hecho, deja claro que las condiciones jurídicas concretas de la gestión y explotación se negociarán en un nuevo convenio antes de junio de 2027, cuando vence el actual acuerdo de uso del estadio.
Ahí está el verdadero desafío: encontrar la fórmula legal que permita la “cohabitación” entre una administración pública titular del estadio y un club que aspira a explotarlo comercialmente.
Ese encaje deberá garantizar el equilibrio entre ambas partes, respetar la normativa pública y evitar conflictos jurídicos, algo que ya ha obligado a otros clubes de LaLiga a diseñar modelos complejos en procesos similares.
Salto estratégico
Para la UD Las Palmas, el acuerdo supone mucho más que una inversión. Es una transformación de su modelo de negocio, que le permitirá diversificar ingresos y reforzar su estabilidad económica a medio y largo plazo.
El estadio dejará de ser solo un escenario deportivo para convertirse en un activo generador de ingresos durante todo el año, alineado con las tendencias de los grandes clubes europeos.
Acuerdo histórico… pendiente
El Cabildo ha calificado el pacto como histórico, y lo es por volumen económico y ambición. Pero el verdadero alcance del acuerdo dependerá de lo que aún está por definirse.
Porque el éxito del proyecto no estará solo en la reforma del estadio, sino en cómo se gestione ese equilibrio entre lo público y lo privado.
Un estadio que seguirá siendo de todos, pero que también deberá funcionar como motor económico del club que lo utiliza.