El mercado inmobiliario canario confirma un cambio de fondo: la demanda internacional se ha convertido en uno de los grandes motores de la vivienda en el Archipiélago. En 2025, el 35,17% de las viviendas vendidas en Canarias fueron adquiridas por compradores extranjeros, un porcentaje que sitúa a las islas entre las comunidades con mayor presencia internacional del país y que refuerza el debate político sobre la limitación de compras por parte de no residentes.
Los datos, recogidos por el Portal Estadístico del Notariado para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2025, reflejan que más de una de cada tres operaciones inmobiliarias en Canarias ya depende de la demanda exterior.
Baleares, por encima
El peso del comprador internacional en Canarias solo es superado por Baleares, donde los extranjeros representan el 39,1% de las compraventas, y se sitúa muy por encima de otras comunidades con fuerte mercado inmobiliario.
En Cataluña, los compradores extranjeros alcanzan el 20,82%; en Andalucía, el 19,8%; y en la Comunidad de Madrid, apenas el 12,68%, lo que evidencia hasta qué punto el mercado canario depende de la inversión residencial internacional.
Este contexto adquiere especial relevancia después de que Canarias haya solicitado a la Unión Europea autorización para poder establecer medidas que limiten la compra de vivienda por extranjeros no residentes, ante el impacto que esta presión puede tener sobre los precios y el acceso residencial de la población local.
Italianos y alemanes lideran la demanda
Por nacionalidades, los datos notariales muestran una demanda diversificada pero con claros protagonistas. Los compradores italianos encabezan las adquisiciones, representando el 18,31% del total extranjero, seguidos por los alemanes (16,6%) y los británicos (8,57%).
También destacan ciudadanos de Polonia (5,65%) y Bélgica (4,81%), mientras que el grupo de otras nacionalidades suma el 46,06%, confirmando la creciente internacionalización del mercado inmobiliario canario.
El informe diferencia además entre residentes y no residentes, evidenciando que una parte significativa de estas operaciones corresponde a compradores que no viven de forma habitual en las islas, uno de los elementos clave en el actual debate político y económico.
Precios al alza
En paralelo al aumento de la demanda extranjera, el mercado inmobiliario mantuvo una elevada actividad en 2025. El precio medio alcanzó los 2.177 euros por metro cuadrado, tras una subida anual del 12,01%, consolidando la tendencia alcista de los últimos años.
Durante el ejercicio se formalizaron 25.924 compraventas, con un importe medio de 212.962 euros y una superficie media de 98 metros cuadrados, según el informe notarial.
Escasa obra nueva
El mercado sigue sustentándose casi exclusivamente en el parque existente. El 93,03% de las operaciones correspondió a vivienda de segunda mano, frente a solo un 6,97% de vivienda nueva, lo que limita la capacidad de aumentar la oferta residencial.
Los pisos concentran además el 76,82% de las compraventas, frente al 23,18% de casas.
Los jóvenes, fuera del mercado
El informe confirma también el fuerte desequilibrio generacional. Solo el 6,83% de las viviendas fueron adquiridas por menores de 31 años, mientras que la edad mediana del comprador alcanza los 47 años, reflejando el retraso creciente en el acceso a la vivienda.
La mayor parte de las operaciones corresponde a compradores de entre 31 y 50 años, consolidando un mercado cada vez más inaccesible para los jóvenes residentes.
Mayor esfuerzo económico
El esfuerzo necesario para adquirir una vivienda se sitúa en 4,59 años de renta neta, indicador que mide la accesibilidad y que sigue mostrando la presión económica existente pese a una ligera mejora respecto al año anterior.
En conjunto, los datos del Notariado dibujan un escenario claro: Canarias combina precios en ascenso, escasa vivienda nueva y una fuerte dependencia del comprador extranjero, un equilibrio que explica por qué el Archipiélago ha situado en el centro del debate europeo la posibilidad de limitar la adquisición de viviendas por parte de no residentes para proteger el acceso residencial de la población local.