La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, María Isabel Doreste, pidió este viernes en el Parlamento de Canarias una solución "para las personas que residen en apartamentos y bungalows situados en zonas turísticas" y advirtió de las consecuencias "que tendría su expulsión de estas viviendas".
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Doreste apeló a los diputados a "reflexionar con calor humano y con el corazón" sobre la situación de quienes podrían "verse obligados a abandonar sus hogares". Son "trabajadores, ancianos, niños, gente común, no especuladores", afirmó.
"Miles y miles de canarios"
La representante de la plataforma aseguró que la situación "afecta a miles y miles de canarios" que, cuando adquirieron sus propiedades, "entendieron que estaban comprando una vivienda".
Doreste también rechazó que los residentes "sean incompatibles con la actividad turística" y sostuvo que los casos de propietarios "que alquilan al margen de la unidad de explotación representan una parte ínfima". En este sentido aseveró que la situación puede terminar favoreciendo "que las patronales turísticas puedan quedarse con el complejo entero y convertirlo en un establecimiento turístico a modo de hotel".
Recursos ante el Supremo
La presidenta recordó que existen "ocho recursos de casación ante el Tribunal Supremo relacionados con la unidad de explotación" y que el alto tribunal "deberá pronunciarse sobre si la obligación de ceder las propiedades a terceros para su explotación turística es legítima o vulnera derechos fundamentales".
Sobre el decreto en el que trabaja el Gobierno de Canarias, Doreste afirmó que "según la información que les ha llegado permitiría a los afectados continuar viviendo en sus casas, pero una venta o una herencia podría hacer que el inmueble volviera a considerarse una unidad alojativa".
Cuestionado
Durante la comisión, AHI y ASG incidieron en la "necesidad de encontrar una fórmula jurídica", mientras que NC, VOX y PSOE cuestionaron la respuesta dada hasta ahora. En su caso, CC defendió que "se han producido avances" y aseguró que el Gobierno "trabaja para alcanzar una solución". El PP, por su parte, defendió que cualquier modificación legislativa "debe realizarse con rigor".
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