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Economía

El alquiler vacacional se regulará en ocho meses ante el miedo al efecto llamada

La intención del Ejecutivo es que la ley que regulará el alquiler vacacional en Canarias esté en vigor el 30 de junio de 2024

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El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, durante una reunión de la consulta pública sobre la ley regulación del alquiler vacacional. / EFE-RAMÓN DE LA ROCHA

La ley que regulará el alquiler vacacional en Canarias estará en vigor el 30 de junio de 2024. Es una labor titánica si se tiene en cuenta que hay que crear la norma desde cero en solo ocho meses. Pero la “velocidad excesiva” a la que crece el alquiler vacacional y el posible efecto llamada urge a una aprobación rápida. 

En el momento de la redacción de la consulta ciudadana, había 195.532 plazas, sin embargo, el director general de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, ya asegura que actualmente la cifra se eleva hasta las 197.000 plazas. “Es un fenómeno que va a una velocidad excesiva”, ha valorado antes de la presentación del proceso de participación ciudadana al que está sometido actualmente el documento en Tenerife.

Ocho meses de margen

Por ello la ley se pretende que entre en vigor en junio de 2024. Para Rodríguez es “perfectamente viable”, pese a que actualmente se está en pleno proceso de participación ciudadana, es decir, que no está ni siquiera elaborado el borrador de la ley. De hecho sí tiene en cuenta que la aprobación de una ley, es decir, su trámite parlamentario, es lento, “pero nosotros queremos que respetando los plazos esté el 30 de junio”, ha indicado. 

Por el momento desde los partidos políticos no se han pronunciado al respecto de la fecha marcada por el Ejecutivo y la capacidad para conseguirlo. Desde el PSOE quieren esperar a que la consejera Jessica de León amplíe la información sobre sus planes. Desde la Agrupación Socialista Gomera solo valoran que “habrá que ver cómo se desarrollan los plazos” y defienden la relevancia de alcanzar una norma que regule la actividad de la vivienda vacacional. 

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno canario, Jéssica de León, en el pleno del Parlamento. / EFE - RAMÓN DE LA ROCHA

Plan de aprobación

El planeamiento que manejan desde la consejería es el fin de la consulta ciudadana el 26 de noviembre y la clasificación y estudio de las propuestas ciudadanas entre diciembre y enero. “Para el mes de febrero podríamos y deberíamos estar ya con un borrador”, ha asegurado. 

Después de esta fecha se presentaría el borrador a los diferentes sectores sociales, económicos y a los expertos en turismo y se comenzaría el procedimiento parlamentario. “Si tardamos más el fenómeno se nos puede ir”, ha comentado al respecto el director general. 

Más viviendas vacacionales

La urgencia de la aprobación de la ley en solo ocho meses surge del crecimiento exponencial de las plazas de las viviendas turísticas. En menos de tres años se han creado casi 5.000 viviendas turísticas más, llegando a las 42.651 que se contabilizaron hasta febrero de 2023. “A día de hoy estamos muy atentos a las cifras y a la evolución, no solo mensualmente, sino semanalmente y diariamente”, ha asegurado el director general. 

El miedo que hay en la consejería es que se produzca un efecto llamada antes de la aprobación de la ley, por eso, estudian la evolución del registro de este tipo de viviendas, ante lo que asegura el director general que si se produce un efecto llamada se tomarían medidas, si bien “en principio no se dan las circunstancias”. 

La consulta 

Hasta el 26 de noviembre estará abierto el proceso de participación ciudadana para la aportación de propuestas. El propio documento ya dimensiona el problema: “se detectan problemas crecientes de gentrificación y de turistificación derivados del incremento exponencial del cambio de uso de viviendas del ámbito residencial al ámbito turístico, afectando a numerosos núcleos de población a lo largo y ancho de las Islas Canarias”. Aunque relaciona esta gentrificación con la generación de turismofobia, cuestión que los expertos rechazan. 

La consulta aborda “cuatro cuestiones claves”: los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los fines y objetivos perseguidos con la iniciativa y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias.