La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) expresó este lunes su rechazo frontal a la nueva normativa del Ministerio del Interior sobre el registro de viajeros, calificándola como un "sin sentido" debido al elevado volumen de información que exige y los recursos necesarios para cumplirla.

En un comunicado, Ascav denunció que la regulación, que obliga a implementar un registro centralizado tanto en alojamientos turísticos como en plataformas de reservas, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos, no ha tenido en cuenta las recomendaciones del sector.

Según la asociación, el sector lleva más de 40 años gestionando este tipo de datos y considera que la normativa añade una carga innecesaria.

SES Hospedajes

La implementación de la plataforma SES Hospedajes, diseñada para centralizar los registros, tuvo un inicio accidentado, con un colapso en su primer día de funcionamiento, generando lo que Ascav describió como "caos" y "estrés" entre los usuarios.

Según la asociación, esta situación pone en riesgo la seguridad ciudadana al impedir un correcto funcionamiento del sistema.

Ascav destacó que, en comunidades como el País Vasco y Cataluña, donde la seguridad está descentralizada en cuerpos como los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, se requerirán plataformas alternativas independientes.

Esto, según la asociación, diluye el propósito del registro central, ya que pierde eficacia en esas regiones.

Acusaciones al Gobierno

La asociación criticó al Gobierno central por su "incompetencia" en la gestión de esta nueva regulación, señalando que se debe a una "terquedad" y una "escucha que brilla por su ausencia". Desde Ascav consideran que la normativa refleja una falta de sensibilidad hacia las necesidades y realidades del sector turístico.

El sector alojativo en Canarias, que incluye miles de alojamientos vacacionales gestionados por pequeños propietarios, se enfrenta a nuevos desafíos administrativos que podrían afectar su operatividad.

Ascav insiste en que, lejos de mejorar la seguridad ciudadana, esta normativa sobrecarga innecesariamente al sector y genera incertidumbre entre los operadores turísticos.

La asociación hizo un llamado a las autoridades para revisar y adaptar la normativa de manera que sea funcional y respetuosa con las dinámicas del sector turístico, pilar clave de la economía canaria.