La sentencia del Tribunal Supremo que anula el registro único estatal de alquileres de corta duración ya tiene su primera consecuencia directa en Canarias. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha reclamado formalmente la devolución de los aranceles abonados por miles de propietarios para obtener un número de registro que, según sostiene la entidad, “nunca debió haber existido”.
La asociación ha presentado escritos ante el Colegio de Registradores de España y ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, para que se adopten las medidas necesarias que permitan reintegrar las cantidades cobradas por los registradores.
Reclamación formal
ASCAV fundamenta su petición en la reciente resolución del Supremo, que ha declarado nula la parte del Real Decreto 1312/2024 relativa a la creación del registro único de arrendamientos de corta duración.
El alto tribunal consideró que el Estado carecía de competencias para imponer una regulación nacional exhaustiva sobre esta materia, al superponerse a los registros autonómicos existentes. En el caso de Canarias, esta decisión refuerza la tesis defendida por el Gobierno autonómico, que ya había recurrido el decreto estatal por invasión competencial.
Según los cálculos trasladados por ASCAV, en España se habrían concedido unos 400.000 números de registro. La asociación estima que la devolución de los importes cobrados por el número de registro y por el depósito del modelo informativo anual ascendería a casi 22 millones de euros.
La entidad sostiene que miles de propietarios se vieron obligados a solicitar ese número para poder operar en plataformas digitales de comercialización turística, abonando los correspondientes aranceles registrales.
Choque de competencias
ASCAV interpreta que la sentencia supone un giro relevante en el debate sobre la vivienda vacacional. La asociación defiende que el Estado no podía imponer un registro propio en una materia cuya ordenación corresponde a las comunidades autónomas, especialmente en territorios como Canarias, donde el alquiler vacacional forma parte del debate turístico, económico y residencial.
Además, la entidad sostiene que la duplicidad de registros también vulneraba la normativa europea sobre alquileres de corta duración. El Supremo, por su parte, ha anulado el registro estatal, aunque mantiene la ventanilla única digital, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas y el intercambio de información con fines estadísticos.
Posibles demandas
La ofensiva de ASCAV no se limita a la devolución de los aranceles. La asociación asegura que ya estudia ejercer acciones judiciales de responsabilidad patrimonial frente al Estado por los posibles daños causados a propietarios afectados.
En concreto, plantea reclamar por lucro cesante, es decir, por la pérdida de reservas de aquellos titulares de viviendas vacacionales que, según la asociación, hayan sido excluidos de plataformas de comercialización por no disponer del número de registro ahora anulado.
Efecto en Canarias
La reacción de ASCAV añade presión a un escenario ya tensionado en Canarias. La vivienda vacacional se ha situado en el centro del debate público por su impacto en el mercado residencial, la convivencia en zonas turísticas y el acceso a la vivienda en las islas.
Con esta reclamación, la asociación canaria busca convertir el fallo del Supremo en una consecuencia económica concreta: que los propietarios recuperen el dinero pagado por un trámite que, tras la sentencia, considera ilegal.