La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), junto al Gobierno de Canarias y las principales organizaciones empresariales del sector del metal y las energías renovables del Archipiélago, han solicitado al Estado y a las instituciones europeas la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2028 de los plazos de ejecución de los fondos europeos Next Generation.

La petición ha sido trasladada de forma conjunta por el Ejecutivo autonómico con representantes de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE), la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (FEMEPA) y ASINCA. A esta demanda se han sumado también la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), la Asociación Eólica de Canarias (AEOLICAN), las Empresas Canarias Productoras de Energía Solar (SORECAN) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Medida clave

Todos ellos coinciden en que la ampliación de los plazos es una medida clave para garantizar el desarrollo completo de los proyectos vinculados a la transición energética y la descarbonización de Canarias, teniendo en cuenta la complejidad técnica y administrativa de las actuaciones, así como las singularidades propias de un territorio fragmentado y ultraperiférico.

Desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que dirige Mariano H. Zapata, se subraya que Canarias afronta un reto de enorme envergadura, tanto por el volumen de fondos gestionados como por la dificultad de muchos de los proyectos. “El alcance de los fondos Next Generation y la singularidad de Canarias hacen imprescindible disponer de más tiempo para garantizar que ningún proyecto estratégico quede fuera”, señaló el consejero.

Plan de choque

Zapata destacó además que el Gobierno autonómico ha activado un plan de choque específico para acelerar la tramitación y ejecución de los proyectos, aunque advirtió de que “podría resultar insuficiente sin una ampliación razonable de los plazos”. En este sentido, insistió en que la solicitud “no responde a una falta de compromiso, sino a la voluntad compartida de cumplir con los objetivos europeos evitando ejecuciones parciales o forzadas”.

Por su parte, el presidente de la Confederación Regional de Empresas del Metal de Canarias (CREM) y de FEMETE, Juan Antonio Jiménez Arranz, afirmó que “la ampliación de los plazos hasta 2028 es una necesidad objetiva para Canarias, no una petición coyuntural”. Según explicó, se trata de proyectos estratégicos de gran complejidad que requieren tiempos realistas para evitar la pérdida de fondos y asegurar un impacto transformador real sobre el modelo energético y productivo del Archipiélago.

Condición imprescindible 

En la misma línea, la presidenta de FEMEPA, Patricia Jiménez, subrayó que la ampliación de los plazos “es una condición imprescindible para desarrollar con rigor y solvencia los proyectos industriales y energéticos comprometidos”. “No se trata de ralentizar la transición, sino de hacerla bien”, afirmó, advirtiendo del riesgo de ejecuciones incompletas y del desaprovechamiento de una oportunidad histórica para la descarbonización.

El presidente de ASINCA, Virgilio Correa, destacó que ampliar los plazos hasta 2028 es “una decisión estratégica para garantizar la seguridad jurídica, la calidad técnica y el verdadero impacto económico de los proyectos industriales”. Correa recordó que Canarias parte de una situación estructural distinta, marcada por la insularidad y la dependencia energética, lo que exige calendarios de ejecución adaptados a su realidad.

Mismo margen

Desde el ámbito de las energías renovables, los presidentes de ACER y AEOLICAN, Jesús Matilla y Raúl Macías, reclamaron que se conceda a Canarias el mismo margen temporal ya otorgado en convocatorias gestionadas por el IDAE. Ambos subrayaron que “en un contexto de emergencia energética, el tiempo lo es todo” y que extender los plazos permitiría avanzar de forma efectiva hacia la soberanía energética del Archipiélago.

Estas declaraciones se realizaron durante una visita al municipio de El Rosario, concretamente a la comunidad energética local El Rosario Solar, ubicada en el polígono industrial La Campana, un ejemplo de desarrollo de energía solar renovable. En este enclave se ejecutan proyectos por valor de 12 millones de euros de fondos europeos destinados a la descarbonización, repartidos en tres iniciativas que, de no ampliarse los plazos, deberán ejecutarse antes de 2026.