La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha endurecido su política de gestión de los espacios públicos. Según el orden del día del Consejo de Administración previsto para este jueves, la institución no solo mantiene su ofensiva para recuperar puestos de amarre ocupados por embarcaciones en el Muelle Deportivo, sino que ahora pone el foco en el propio Estado al iniciar un procedimiento de desahucio administrativo contra la Demarcación de Costas de Canarias.
Conflicto institucional
El punto 6.1.3.2 del orden del día detalla la resolución del procedimiento de desahucio de las instalaciones de dominio público portuario que ocupa la Demarcación de Costas en el Puerto de Las Palmas. Se trata de una superficie de aproximadamente 677 metros cuadrados útiles, los cuales están ubicados en la cuarta planta del edificio en el que tiene su sede la propia APLP.
La cuarta planta ha quedado liberada parcialmente tras el traslado reciente del centro de Salvamento Marítimo a las dependencias de la Capitanía Marítima de Las Palmas, pero el equipo de Beatriz Calzada quiere recuperar todo el espacio y ha abierto un conflicto directo con el Gobierno de España.
Empleados sin reubicación
El inicio de este expediente de desahucio se produce en un contexto de incertidumbre para la Administración del Estado. Actualmente, no existe una sede alternativa definida para reubicar a los empleados públicos que desempeñan sus funciones en la Demarcación de Costas de Canarias, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), lo cual podría comprometer la operatividad de este organismo encargado de la gestión del litoral.
Fuentes conocedoras del expediente han confirmado conversaciones con Madrid para retirar el asunto de la votación prevista para el jueves, con la finalidad de evitar el conflicto público entre administraciones y darle más tiempo a Costas para que busque otro sitio, cuyos gestores se han visto sorprendidos por la iniciativa del equipo directivo de Calzada.
Gestión del dominio público
Este movimiento se suma a una lista de desahucios administrativos que Calzada someterá a votación el próximo jueves.
Además de la salida de Costas, los consejeros abordarán el desahucio de la entidad IR Maxoinversiones en Puerto del Rosario, Fuerteventura, y la recuperación de los puestos de amarre de las embarcaciones Larkan, Solana Segundo, Cachirulo y Solitario.
También se resolverá la resolución de un recurso de reposición interpuesto por la propiedad de la embarcación Betana contra un desahucio previo, entre otros asuntos como nombramientos de representación o prórrogas para terminar las obras del Centro Comercial El Muelle y el taller de yates de Rodritol, por citar algunos de los más relevantes.