La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de vulnerabilidad y cronificación de la pobreza en Canarias, según ha advertido este martes la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, durante su comparecencia ante la comisión del Parlamento de Canarias que estudia la pobreza infantil.
Brito ha reclamado medidas para contener el precio de los alquileres, que considera "inasumibles" para muchas familias. Según ha señalado, en algunos municipios no capitalinos se están alcanzando los 600 euros por una habitación.
La presidenta de la Fecam ha defendido que la construcción de vivienda pública avanza demasiado despacio para responder a la situación actual. Por ello, ha pedido al Gobierno de Canarias que adopte medidas mientras se incrementa el parque público, entre ellas la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios y el impulso de la rehabilitación de viviendas.
Más competencias para los ayuntamientos
Brito también se ha referido a la regulación del alquiler vacacional y ha denunciado que los ayuntamientos están asumiendo las labores de inspección sin recibir financiación para hacer frente a esas tareas.
La representante municipal ha planteado además la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros, aunque ha reconocido las dificultades competenciales y las derivadas del marco europeo para aplicar este tipo de medidas.
La Fecam ha trasladado asimismo su malestar por la financiación de los servicios sociales. Brito ha criticado que el Gobierno de Canarias no haya dotado económicamente el catálogo de servicios sociales y ha recordado que el Plan Concertado con los ayuntamientos no se actualiza desde 2002.
Según ha explicado, el Ejecutivo autonómico "ha planteado modificarlo, pero tampoco ha acometido esa reforma".
Educación de 0 a 3 años
Otra de las reivindicaciones planteadas por la Fecam ha sido la cobertura completa del ciclo educativo de 0 a 3 años en todas las islas.
Brito ha señalado que los ayuntamientos se ven obligados a asumir competencias que no les corresponden para mantener las escuelas infantiles. También ha reprochado a la Consejería de Educación que centre el debate en las infraestructuras y ha rechazado atribuir a los municipios los problemas de climatización.
"No se puede mantener lo que no existe", ha afirmado.
La presidenta de la Fecam también ha cuestionado el funcionamiento de los fondos estatales destinados a combatir la pobreza. Estas partidas suponen entre 7 y 9 millones de euros para los ayuntamientos, pero, según ha denunciado, llegan a final de año y apenas permiten cubrir los gastos estructurales y de personal asumidos durante los meses anteriores.
A su juicio, este funcionamiento impide a los municipios utilizar esos recursos para poner en marcha nuevas iniciativas.
Salud mental y pobreza
Brito ha relacionado además el estrés económico y habitacional con el aumento de los problemas de salud mental diagnosticados entre menores de 18 años.
Ante esta situación, ha reclamado al Servicio Canario de la Salud la incorporación de psicólogos en los centros de salud comarcales, al considerar insuficientes los recursos de apoyo que actualmente aportan los ayuntamientos.
También ha advertido de una creciente problemática relacionada con la salud mental y las adicciones entre los jóvenes, para la que considera necesarios equipos de educadores de calle.
En paralelo, ha señalado que la atención al sinhogarismo está recayendo sobre los recursos insulares ante la falta de financiación municipal.
Brito ha considerado que los diagnósticos sobre pobreza y vulnerabilidad ya están realizados y ha advertido de que dos salarios en un hogar ya no bastan para cubrir todos los gastos esenciales de una familia.
Falta de recursos municipales
La presidenta de la Fecam ha incidido especialmente en la situación de los municipios pequeños, sobre todo aquellos con menos de 10.000 habitantes, que carecen de recursos para mantener equipos multidisciplinares.
Según ha explicado, muchos deben limitarse a contar con trabajadores sociales, sin apoyo suficiente de psicólogos o educadores, mientras que los fondos del Plan Concertado no permiten ampliar las plantillas.
Finalmente, Brito ha planteado actuar también sobre la sobrecarga emocional de los profesionales de los servicios sociales, sometidos a un elevado desgaste por la dureza de los casos que atienden.
En este sentido, ha propuesto crear un servicio especializado de atención psicológica dependiente de Sanidad para apoyar a estos trabajadores.
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