El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha presentado este viernes los informes de fiscalización de las cuentas generales de los cabildos de las cinco islas no capitalinas correspondientes a 2018 y 2019, que concluyen que ninguna de las corporaciones insulares elaboraron un plan de control financiero en 2019, que está establecido en las normas de control interno.
Los informes de la Audiencia de Cuenta de los cinco cabildos ponen en evidencia que no se han realizado actuaciones de control financiero ni tampoco se han elaborado un plan anual de control financiero.
Tampoco las corporaciones insulares han realizado informes sobre el resultado del control interno, a excepción del Cabildo de La Gomera, ha indicado Pedro Pacheco, quien en su intervención en comisión parlamentaria ha avisado de falta de personal en las áreas económicas.
Sin memoria justificativa
Ninguno de los cabildos acompaña la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos ni la referente a que se han cumplido los objetivos programados, tal y como recoge también la ley.
La Audiencia de Cuentas ha detectado incidencias relacionadas con contratos menores, uno en La Gomera, dos en El Hierro y dos La Palma, de duración superior a un año.
Se han encontrado fraccionamientos en los contratos y algunos de más de 5.000 euros sin publicidad, y según ha precisado, en cuatro de los cinco cabildos el interventor ocupaba su plaza de forma accidental. Asimismo, ha señalado que hay un problema con la aplicación de la ley de contratos del sector público de 2017 en referencia, especialmente, a los contratos menores.
Anomalía en La Gomera
Ha destacado una anomalía de ingresos en el Cabildo de la Gomera por valor de dos millones de euros, al tiempo que ha valorado que esta fue la única corporación insular que aprobó el presupuesto en el tiempo legalmente establecido y no fuera de plazo.
El Cabildo de El Hierro, en vez de aprobar en nuevo presupuesto, prorrogó el que tenía de 2018 en el momento en el que se aprobó el informe de la Audiencia de Cuentas.
El endeudamiento por habitante en el caso de Fuerteventura, que se incrementó, fue del 193,9 euros por habitante y en el resto descendió.