La vicepresidenta de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Victoria González, afirmó hoy que la decisión adoptada esta semana por la Comisión Europea de eliminar el umbral de 150 euros para la exención de derechos de aduana en compras de comercio electrónico debe acelerar su eliminación en Canarias. Señaló que esta decisión es un reconocimiento claro de la Unión Europea de que el problema es real: “Europa ha entendido que el modelo actual genera desigualdad y distorsiones en el mercado, mientras las Islas siguen a contracorriente de las políticas europeas”.
Explicó que “si Bruselas da el paso, Canarias tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo también, porque no podemos permitir que el Archipiélago siga siendo un coladero de mercancía de bajo valor sin control fiscal, mientras nuestras empresas compiten con las manos atadas”.
Competencia desleal para el comercio local
Tras conocer que la medida anunciada por la Comisión Europea entrará en vigor en 2026, la vicepresidenta recordó que la Cámara ha reclamado desde hace años una revisión profunda de la medida en Canarias. Reiteró que mantener la exención de 150 euros en las Islas “no solo provoca competencia desleal con el comercio local, sino que amenaza la sostenibilidad del tejido empresarial, especialmente en un territorio fragmentado y altamente dependiente del consumo interno”.
La vicepresidenta de la Cámara recordó que la institución ya advirtió del perjuicio de la medida cuando el Gobierno de Canarias decidió establecer la franquicia de 150 euros para compras electrónicas. “Se demostró que una medida concebida como ayuda se convirtió pronto en una exención que beneficia a las grandes plataformas digitales en detrimento del comercio canario, tanto físico como online”.
Reuniones con todos los partidos
Detalló que, desde junio de 2022, la Cámara se ha reunido con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Canarias. “Todos nos trasladaron que esta exención debía eliminarse, porque entendían que el comercio canario invierte aquí, crea empleo aquí y genera economía aquí, y que esta medida lo estaba perjudicando”, dijo.
Además, en junio de ese mismo año se llevó a la Cámara autonómica una Proposición No de Ley, aprobada por unanimidad, que instaba al Gobierno de Canarias a proteger los derechos del comercio local ante el menoscabo causado por la franquicia de bajo valor.
Sin embargo, “a día de hoy, no se ha tomado ninguna medida al respecto”, finalizó.