El Gobierno de Canarias ha anunciado la tramitación de un decreto ley de simplificación administrativa con el objetivo de agilizar la concesión de licencias de obra, reduciendo los plazos actuales de dos años a seis meses.
Esta medida busca reactivar la construcción, tanto pública como privada, y ofrecer una respuesta a la crisis de vivienda que afecta al Archipiélago.
El portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta iniciativa pretende “revertir la parálisis” en la edificación de vivienda protegida y en el sector privado, asegurando que la tramitación será más rápida pero sin perder garantías legales ni ambientales.
Consenso clave
El decreto cuenta con el respaldo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la Federación Canaria de Islas (Fecai), con quienes el Ejecutivo ha trabajado en reuniones junto a las universidades canarias.
Según Cabello, el éxito de la medida dependerá de su aceptación por los ayuntamientos y de la formación técnica de los funcionarios municipales, que serán clave para aplicar los nuevos plazos de tramitación.
Objetivo: seis meses o menos
El planteamiento inicial del Gobierno es ambicioso. Cabello señaló que el objetivo es que las licencias se concedan en seis meses o menos, dependiendo de cada ayuntamiento.
Aunque el escenario es "optimista", el portavoz destacó que la simplificación de trámites podría reducir aún más los tiempos en algunos municipios.
“Defendemos que a un problema complejo no se le puede dar solo una respuesta desde la promoción pública. Necesitamos una batería de medidas amplias para desbloquear la situación”, subrayó Cabello.
Transformar la construcción
Si el decreto cumple su propósito, supondrá un cambio radical en el sector de la construcción en Canarias, donde la burocracia ha sido un obstáculo para el desarrollo de nuevos proyectos.
La reducción de plazos no solo facilitaría la construcción de vivienda protegida, sino que también impulsaría la inversión privada en un contexto donde la demanda sigue creciendo.
La clave ahora estará en la implementación del decreto y en la capacidad de los ayuntamientos para adaptarse a la nueva normativa sin comprometer la seguridad jurídica y medioambiental de los proyectos. La cuenta atrás para agilizar la vivienda en Canarias ya ha comenzado.