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El consejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. AH

Canarias activa 8,5 millones para abaratar el agua potable en las islas

El Gobierno lanza ayudas para plantas desaladoras y reclama al Estado actualizar una partida congelada desde 2019

El Gobierno de Canarias ha activado una nueva línea de ayudas por 8,5 millones de euros para reducir el coste del agua potable en el Archipiélago, especialmente en un territorio donde la desalación es clave para el abastecimiento.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), busca financiar el funcionamiento de las plantas potabilizadoras y aliviar el impacto en el recibo doméstico.

El objetivo de estas subvenciones es reducir el precio final del agua para los hogares, además de mejorar la eficiencia de un sistema altamente dependiente del consumo energético. Las ayudas podrán solicitarlas administraciones, empresas y particulares vinculados a la gestión de plantas desaladoras.

Plazos y condiciones

El procedimiento se tramitará en concurrencia competitiva y el plazo para presentar solicitudes será de 15 días hábiles desde su publicación. Las actuaciones subvencionables deberán haberse realizado entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

El consejero Manuel Miranda ha advertido de que la financiación estatal para este fin permanece congelada en 8,5 millones desde 2019, pese al fuerte aumento de costes.

Según explicó, el encarecimiento de la electricidad ha elevado significativamente el coste de producción del agua, en algunos casos por encima del 50%.

Dependencia de la desalación

En Canarias, la producción industrial de agua es un pilar esencial, lo que hace que cualquier variación en los costes energéticos tenga un impacto directo en el precio final.

Por ello, el Ejecutivo autonómico insiste en la necesidad de una mayor compensación estatal dentro del REF para garantizar un suministro sostenible y asequible.

El anuncio se realizó durante una jornada técnica sobre los sistemas tarifarios del agua, en la que expertos analizaron la necesidad de avanzar hacia modelos más justos, eficientes y transparentes.

El Gobierno canario defiende que el sistema debe garantizar la equidad y la sostenibilidad financiera, sin perder de vista la accesibilidad para la ciudadanía.