El Gobierno de Canarias ha dado un paso estratégico para modernizar la gestión de los procesos expropiatorios en las islas. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, suscribió este martes un convenio de colaboración con el Consejo General del Notariado, el Colegio Notarial de las Islas Canarias y el Centro Tecnológico del Notariado. El objetivo primordial de este acuerdo es mejorar la eficiencia de la administración pública y reducir los plazos en la tramitación de los expedientes que afectan al territorio insular.
Esta alianza permitirá que la Comisión de Valoraciones de Canarias acceda de forma directa a la información del Índice Único Informatizado Notarial. A través de esta herramienta tecnológica, los técnicos autonómicos podrán consultar datos reales, actualizados y anonimizados sobre operaciones inmobiliarias previas. De esta manera, el Ejecutivo busca que la fijación del justiprecio se ajuste fielmente a la realidad del mercado actual, evitando las desviaciones que suelen ralentizar estos procesos administrativos.
Alianza para la seguridad jurídica
El consejero Manuel Miranda subrayó que la incorporación de datos objetivos en la valoración de bienes expropiados supone un avance decisivo para garantizar procesos más justos y transparentes. Según el responsable del área, disponer de una mayor cantidad de información permite tomar mejores decisiones y reducir drásticamente la incertidumbre. El convenio está diseñado para evitar las discrepancias en la determinación de los precios, que históricamente han sido uno de los principales focos de conflicto jurídico entre la Administración y los ciudadanos.
La base de este sistema facilitará detalles precisos sobre las compraventas de inmuebles en el Archipiélago, incluyendo la tipología de la propiedad, su superficie y el precio por metro cuadrado. Con estos parámetros, el Gobierno de Canarias pretende afinar sus valoraciones con una precisión técnica superior, reforzando la confianza en la gestión pública y ofreciendo mayores garantías legales a todos los afectados por un proceso de expropiación en las islas.
Modernización sin costes públicos
La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó que las referencias proceden directamente de las escrituras autorizadas por los notarios, lo que asegura que se trata de datos auténticos. Por su parte, la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, aclaró que la firma de este acuerdo no supone ningún coste económico para las arcas de la Administración autonómica, optimizando los recursos existentes mediante la colaboración institucional.
El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse por un periodo idéntico. Con esta iniciativa, el Ejecutivo regional apuesta por el uso de la tecnología y el intercambio de información entre instituciones para lograr una gestión más eficaz. La medida se enmarca en una estrategia de cohesión territorial que busca simplificar la burocracia y dotar de mayor agilidad a los proyectos de interés público que requieren la obtención de suelo de forma urgente y transparente.