La gratuidad del transporte público en Canarias, una de las medidas más valoradas por la ciudadanía en los últimos años, podría enfrentarse a dificultades si el Estado no agiliza el pago de las subvenciones comprometidas. Así lo advirtió este lunes la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, tras una reunión celebrada en la sede del Ministerio de Transportes.
Fernández mostró su decepción después de que el Ministerio comunicara que no abordaría durante el encuentro la liquidación de las ayudas destinadas a financiar la gratuidad del transporte regular de viajeros en Canarias y Baleares, pese a tratarse de una cuestión incluida inicialmente en el orden del día.
Según explicó, el Ejecutivo autonómico dejará constancia formal de su preocupación durante el turno de ruegos y preguntas al considerar que la falta de pagos y de seguridad jurídica puede comprometer una medida que ha calificado como un “éxito” para las familias y la movilidad sostenible.
Fondos pendientes
La responsable autonómica recordó que los cabildos están asumiendo prácticamente en solitario el coste de una política que ha permitido reducir el gasto de miles de familias canarias y fomentar el uso del transporte público.
En este sentido, señaló que de los 120 millones de euros correspondientes a 2025, el Estado solo ha abonado 78 millones, quedando pendientes otros 32 millones de euros. A ello se suma la incertidumbre sobre los fondos previstos para 2026, cuyo anticipo todavía no ha sido transferido ni aparece reflejado en las partidas presupuestarias disponibles.
“Estamos a mitad de 2026 sin haber cobrado parte de 2025 y sin saber cuándo llegará el anticipo de este año”, lamentó Fernández, quien considera que esta situación coloca a las corporaciones insulares en una posición financiera cada vez más complicada.
Riesgo para la medida
La directora general advirtió de que, si los retrasos persisten, algunos cabildos podrían encontrarse con dificultades para seguir sosteniendo económicamente la gratuidad del transporte.
A su juicio, el problema no radica en la voluntad política de mantener la medida, sino en la ausencia de financiación estatal en tiempo y forma. “No quitarnos la ayuda, pero no darnos el dinero, puede acabar obligándonos a retirarla porque no podremos asumirla económicamente”, señaló.
Fernández defendió que la gratuidad del transporte ha demostrado ser una herramienta de cohesión social, al facilitar que muchas personas puedan desplazarse para trabajar o estudiar en otras zonas de las islas, además de contribuir a reducir el uso del vehículo privado.
Asimismo, recordó que la medida ha sido un revulsivo para la movilidad sostenible, ayudando a disminuir emisiones contaminantes y favoreciendo una circulación más eficiente en las principales vías del Archipiélago.
Fondos europeos
Durante la reunión también se abordó el futuro reparto de más de 4.700 millones de euros de financiación europea vinculada a políticas climáticas y movilidad sostenible.
El Gobierno de Canarias reclamó que estos recursos tengan en cuenta las particularidades de las regiones ultraperiféricas para evitar que el Archipiélago quede excluido de futuras convocatorias.
Fernández puso como ejemplo proyectos piloto de movilidad sostenible desarrollados en municipios como San Mateo y defendió que los criterios de reparto contemplen factores como la insularidad, la dispersión territorial o la necesidad de garantizar servicios de transporte en zonas rurales y poco pobladas.
“Las islas necesitan un tratamiento específico para no quedar fuera de unas ayudas que pueden ser fundamentales para mejorar la movilidad y fijar población”, sostuvo.
Críticas al Ministerio
Aunque evitó hablar de un enfrentamiento directo entre administraciones, la directora general reconoció que la acumulación de retrasos y obstáculos administrativos genera malestar en el Ejecutivo canario.
“Estas continuas trabas burocráticas y esta inseguridad jurídica hacen pensar que existe una falta de consideración hacia la singularidad de Canarias”, afirmó.
Pese a ello, insistió en que el Gobierno autonómico seguirá reclamando tanto el abono de las cantidades pendientes como la consolidación de una medida que considera “de justicia social” para el conjunto de la ciudadanía canaria.
La responsable de Transportes subrayó que la gratuidad no solo tiene efectos en la movilidad, sino que permite que muchas personas acepten empleos, accedan a estudios o mantengan su actividad diaria sin que el coste del transporte sea una barrera, especialmente en un contexto marcado por el aumento de los precios y de los combustibles.