Pese a que cada vez más se extiende la idea que rechaza el pago de impuestos, la realidad es que, al menos en Canarias, el gasto de los servicios públicos supera con creces lo que se cobra de media a cada canario. Los datos oficiales muestran que en 2024 (último año con datos publicados) el gasto público por cada habitante alcanzó los 5.409 euros, mientras que los ingresos fiscales propios, incluyendo impuestos directos, indirectos y tasas, se sitúan en 2.100 euros por persona.
Esto significa que solo alrededor del 39% del gasto se financia con la recaudación autonómica directa. La diferencia refleja la dependencia estructural de la Comunidad Autónoma del sistema de financiación autonómica y la importancia de los recursos externos para mantener los niveles de servicios públicos.
Ciclos económicos
La evolución de estos indicadores revela varios ciclos económicos. Entre 2008 y 2010, los ingresos fiscales cayeron con fuerza, desde 1.175 euros por habitante hasta un mínimo de 900 euros, como consecuencia directa de la crisis financiera. Durante ese mismo periodo, el gasto público se redujo de 3.230 euros a 2.801 euros, mientras que la inversión, que incluye obras públicas y equipamiento, pasó de 248 a 123 euros por habitante, reflejando que la inversión fue la variable más afectada en la contención presupuestaria.
Entre 2011 y 2019, la Comunidad Autónoma entró en un periodo de recuperación gradual. Los ingresos fiscales crecieron de manera sostenida, alcanzando 1.539 euros por habitante en 2019, mientras que el gasto público se situaba en 3.333 euros. Sin embargo, la inversión se mantuvo relativamente baja e inestable, lo que indicaba que la mayor parte de los recursos se destinaba a gasto corriente, principalmente en sanidad, educación y servicios sociales.
Impacto de la pandemia y nuevos estándares de gasto
La pandemia se ve perfectamente reflejada en la avolución del gráfico, cuando hubo un aumento extraordinario del gasto hasta 5.801 euros por habitante, mientras que los ingresos fiscales cayeron ligeramente a 1.425 euros. El salto en el gasto no se debió solo a medidas sanitarias, sino también a políticas de apoyo social y económico, lo que elevó de forma estructural el tamaño del presupuesto público en la Comunidad Autónoma. A partir de 2021, aunque los ingresos fiscales se recuperaron rápidamente hasta 2.100 euros en 2024, el gasto se mantuvo en niveles elevados, consolidando un nuevo estándar de gasto público por habitante que es más del doble de lo que se recauda directamente.
Los ingresos fiscales por habitante comprenden el tramo autonómico del IRPF, el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Patrimonio, el IGIC, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como tributos sobre el juego y tasas administrativas. Estos representan la capacidad tributaria autonómica efectiva, pero no incluyen otros impuestos estatales ni cotizaciones sociales. Por ello, el contraste entre ingresos y gasto evidencia que la presión fiscal propia de la Comunidad no es suficiente para financiar el nivel actual de servicios públicos sin el apoyo de transferencias externas.
Inversión como variable flexible
La inversión, que en 2024 se sitúa en 257 euros por habitante, representa menos del 5% del gasto total, lo que muestra que la mayor parte de los recursos se destina a gasto corriente y servicios estructurales permanentes. Esto también explica por qué la inversión es la variable más flexible y la que históricamente se ajusta primero en periodos de crisis.