El Gobierno de Canarias ha celebrado este jueves la decisión del Tribunal Supremo de declarar la nulidad del registro único de arrendamientos de corta duración impulsado por el Estado. El Ejecutivo autonómico recuerda que ya había advertido de que se trataba de una medida “injusta y desproporcionada”.

La Consejería de Turismo y Empleo sostiene que la resolución del alto tribunal confirma las advertencias realizadas por Canarias sobre la inseguridad jurídica que generaba el registro y sobre una posible invasión de competencias autonómicas, uno de los puntos centrales de la decisión judicial.

Duplicidad administrativa

El Gobierno canario insiste en que la medida estatal no respondía a una exigencia de Bruselas, sino a intereses políticos. A su juicio, el registro creaba una duplicidad administrativa al superponerse a los sistemas autonómicos ya existentes.

Desde el Ejecutivo señalan que ya habían alertado de la falta de claridad sobre los requisitos exigidos a los propietarios, las dudas sobre qué tipos de alojamientos debían inscribirse y la ausencia de información sobre cómo se coordinaría la futura ventanilla única estatal con los registros de las comunidades autónomas.

Alertas del sector y los cabildos

La Consejería también recuerda que tanto los cabildos insulares como el propio sector turístico habían advertido del riesgo de colapso administrativo. Una de las principales preocupaciones era la doble inscripción y la dificultad para cumplir con los plazos marcados por el Gobierno central.

Para Canarias, la sentencia supone que “triunfa el Estado de Derecho” y avala argumentos que, según el Ejecutivo, coincidían con los defendidos por la comunidad autónoma y con advertencias realizadas incluso por el Consejo de Estado.

Costes para pequeños propietarios

El Gobierno autonómico lamenta, sin embargo, “el tiempo perdido” por lo que considera una falta de diálogo por parte del Estado. “Desde el primer momento advertimos no solo de que era una medida ilegal, sino también injusta y desproporcionada”, ha señalado.

El Ejecutivo entiende que el registro podía generar costes elevados para pequeños propietarios, que en muchos casos no podrían asumirlos y quedarían fuera de la actividad turística. También había mostrado preocupación por la posibilidad de que miles de viviendas quedaran excluidas de las plataformas de comercialización.

Ordenar el alquiler vacacional

Canarias insiste en que comparte la necesidad de ordenar y regular el alquiler vacacional, pero defiende que cualquier medida debe construirse desde el diálogo, el consenso y el respeto a las competencias autonómicas.

Tras la decisión del Supremo, el Gobierno canario espera que el Estado abra una nueva etapa de “diálogo constructivo y rigor jurídico” para abordar la regulación de los alquileres de corta duración sin generar duplicidades ni inseguridad para propietarios, administraciones y sector turístico.