El Congreso de los Diputados aprobó este martes el decreto ley que incrementa la financiación estatal al sistema de dependencia en 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales. La medida se traduce en un aumento medio del 82 % en las cuantías mensuales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con prestación reconocida, pagos que ya empezaron a abonarse en julio.
El archipiélago canario será una de las comunidades beneficiadas, con 237 millones de euros adicionales: 78,8 millones en 2026 y 157,7 millones en 2027. Según las proyecciones del ministerio, esta inyección permitirá incorporar a 16.565 nuevos beneficiarios, reducir la lista de espera en 609 personas y crear 6.563 empleos en el sector de los cuidados en las islas.
A nivel nacional, el incremento de fondos permitirá crear entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia y reducir en 71.000 personas las listas de espera en 2027, además de atender a 417.000 nuevos beneficiarios. El ministerio calificó el aumento de "histórico" y señaló que también busca mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras, mayoritariamente mujeres, mediante mejores salarios, formación y estabilidad. Para ello se abrió una mesa de diálogo con sindicatos y patronal.
Junto al decreto de financiación, el Congreso aprobó remitir al Senado la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que amplía derechos, servicios y prestaciones y blinda que el Estado aporte el 50 % de la inversión. Entre las novedades, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones, se extiende la asistencia personal fuera del domicilio (acompañamiento a la compra o al médico) y se reconoce como cuidador a personas no familiares. En materia de discapacidad, se establece la accesibilidad universal como derecho y se simplifican trámites: quienes obtengan un grado I de dependencia recibirán automáticamente un 33 % de discapacidad, y quienes logren grado II o III, un 65 %.
El Consejo de Ministros aprobó además la aportación del nivel acordado —la otra vía de financiación estatal— que se incrementará en 120 millones de euros en 2026 y 120 millones más en 2027.
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