Unelco ya ha recibido la autorización del Gobierno de Canarias para renovar cuatro de los grupos de generación eléctrica que han cumplido su vida útil y otros cinco que la cumplirán en los próximos años y que han centrado el debate sobre el riesgo de apagones en las islas. La Dirección General de Energía ha concedido la autorización administrativa a la filial de Endesa para actualizar cinco de sus centrales térmicas. La energética Disa pidió frenar estas autorizaciones, pero el Gobierno rechazó sus alegaciones.
En total, la autorización afecta a 374,52 megavatios (MW). Las actuaciones se concentran en las centrales de Punta Grande, en Lanzarote; Barranco de Tirajana y Jinámar, en Gran Canaria; Los Guinchos, en La Palma, y Granadilla, en Tenerife. Los proyectos contemplan la renovación de ocho turbinas de gas y un grupo diésel, sin incremento de la potencia eléctrica o térmica de las centrales y sin cambios en el combustible utilizado.
El debate sobre los apagones
Las autorizaciones se enmarcan en las actuaciones para renovar la generación eléctrica de Canarias y reforzar la seguridad del suministro ante la obsolescencia de los equipos. Después del apagón en La Gomera en 2023 comenzó la batalla del Gobierno de Canarias por conseguir la renovación de las centrales eléctricas, al existir un informe de Red Eléctrica que alertaba del riesgo de apagones en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.
A raíz de esto comenzó a trabajar la maquinaria política por la actualización de los sistemas, siendo incluso uno de los puntos del acuerdo de legislatura firmado por PSOE y Coalición Canaria a nivel nacional. En febrero se resolvió el primer concurso de potencia firme, que ampara esta autorización, que tiene un plazo de ejecución de 12 meses.
Las renovaciones
En Punta Grande, la autorización abarca la turbina TG1, de 19,60 megavatios (MW), e incluye la sustitución del rotor, las carcasas y el sistema de control, así como la adecuación para la sincronización en alta tensión a 66 kilovoltios.
En Barranco de Tirajana se renovarán las turbinas G2B, TG3B y TG4B. Las actuaciones comprenden la sustitución de componentes mecánicos y sistemas de control, además de mejoras en los compresores, el arranque y los equipos eléctricos del ciclo combinado. En Jinámar, las obras autorizadas consisten en sustituir las reductoras principales y auxiliares y los motores de arranque de las turbinas G2J y G3J.
El proyecto de Los Guinchos se centra en el grupo diésel D13, de 11,20 MW, con la renovación de sensores, válvulas, sistemas de refrigeración, turboalimentación y tuberías, además de pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento. En Granadilla, las actuaciones afectan a las turbinas G2G y TG3G e incluyen la sustitución de componentes internos y la actualización de los sistemas de control, junto con mejoras del compresor, el arranque y la instalación eléctrica.
Los plazos
Los cinco proyectos habían sido declarados de interés general. Las resoluciones establecen que la autorización territorial especial queda integrada en la autorización administrativa, por lo que las actuaciones incluidas en los proyectos pueden ejecutarse sin licencia urbanística ni otros actos de control preventivo municipal o insular. Esta habilitación mantiene la obligación de obtener los demás permisos o títulos sectoriales que resulten exigibles.
La empresa dispone de un plazo máximo de doce meses desde la notificación de cada resolución para presentar la solicitud de puesta en servicio. Las obras deberán ajustarse a los proyectos aprobados y a las condiciones de los organismos afectados. Cualquier modificación sustancial exigirá una nueva autorización administrativa.
Objeciones de Disa
Durante la tramitación, Disa Generación solicitó paralizar los expedientes hasta que se resolviera su recurso contra la decisión estatal sobre la compatibilidad de los proyectos a efectos del régimen retributivo adicional. También planteó objeciones sobre la posición dominante de Unelco-Endesa, el límite del 40 % que invoca y la compatibilidad ambiental y la eficiencia de las inversiones.
La Dirección General de Energía rechazó finalmente suspender o denegar las autorizaciones, argumentando que las cuestiones relativas al régimen retributivo y la competencia corresponden al procedimiento estatal, y que no consta que su resolución favorable estuviera suspendida ni que existiera una decisión administrativa o judicial que impidiera continuar la tramitación autonómica.
Las resoluciones reconocen a Disa como parte interesada en los expedientes de Barranco de Tirajana, Jinámar y Granadilla. En Punta Grande y Los Guinchos le deniegan esa condición al considerar que no acredita un interés legítimo directo y cualificado, aunque responden a sus alegaciones.
En materia ambiental, las actuaciones se califican como modificaciones no sustanciales y las resoluciones concluyen que no requieren una nueva evaluación de impacto ambiental. Los proyectos siguen sujetos a las obligaciones aplicables en materia de autorización ambiental integrada, emisiones y seguimiento.
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