El Gobierno de Canarias ha aprobado un primer pago de 253 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de las antiguas moratorias turísticas. A esta cantidad se suman 7,5 millones en intereses, según ha explicado este miércoles en el Parlamento el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.
En total, el Ejecutivo cifra las indemnizaciones en 316 millones de euros, sin contar intereses, por lo que la factura final podría rondar los 326 millones. La cantidad es muy inferior a los 652 millones que llegaron a reclamar los empresarios y hoteleros que acudieron a los tribunales.
Un conflicto desde hace años
Miranda recordó que el origen del conflicto se remonta a las decisiones adoptadas a comienzos de los años 2000 para limitar el crecimiento turístico en Canarias. Según explicó, dos decretos aprobados en 2001 fueron anulados por los tribunales y, posteriormente, distintas normas fueron modificando la clasificación y las posibilidades de desarrollo de determinados suelos.
Uno de los momentos clave llegó con la ley de medidas urgentes de 2009, que introdujo la posibilidad de desclasificar suelo edificable y convertirlo en rústico a cambio de una indemnización. Esa medida dio lugar a 54 reclamaciones y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a los demandantes en 36 casos.
De casi 1.000 millones a 316
El consejero sostuvo que las reclamaciones llegaron a acercarse inicialmente a 1.000 millones de euros si se incluían los intereses, pero que las negociaciones posteriores y los acuerdos extrajudiciales han permitido rebajar de forma considerable esa cantidad.
Miranda defendió además que estos acuerdos sirven para cerrar las reclamaciones judiciales pendientes. A su juicio, al actual Gobierno le ha correspondido “asumir las consecuencias de actuaciones anteriores”, aunque señaló que aquellas decisiones se tomaron con la intención de poner límites al crecimiento turístico.
“Las moratorias hay que hacerlas bien”
El consejero reconoció que limitar el desarrollo turístico era una demanda social, pero advirtió de que “las moratorias hay que hacerlas bien” para evitar consecuencias judiciales como las que ahora afronta la Comunidad Autónoma.
Como ejemplo, mencionó decisiones adoptadas en Fuerteventura entre 2001 y 2003, cuando se desclasificaron numerosas plazas turísticas en medio de un contexto de fuerte presión política y social.
La oposición cuestiona los acuerdos
Desde Nueva Canarias, Luis Campos reclamó acceder a toda la documentación y calificó los acuerdos como “una de las decisiones más relevantes” de la legislatura. Además, cuestionó el relato del Ejecutivo sobre el origen de las indemnizaciones y sostuvo que las reclamaciones derivan del artículo 17.1 de la Ley 6/2009.
Campos también expresó dudas sobre la negociación del Gobierno y llegó a definirla como “una rendición absoluta”, al considerar que los demandantes reciben las indemnizaciones mientras mantienen los derechos urbanísticos sobre los terrenos.
“Pagamos dos veces”
La diputada socialista Nayra Alemán planteó una crítica similar. Según señaló, el problema es que “además de indemnizar, se permite desarrollar ese suelo al promotor”, lo que, a su juicio, supone que “pagamos dos veces”.
Alemán preguntó cuántas nuevas plazas turísticas podrían llegar a generarse a raíz de esos acuerdos y reprochó al Gobierno que hable de sostenibilidad y límites al crecimiento mientras, al mismo tiempo, abre la posibilidad de nuevos desarrollos hoteleros.
Mantener los derechos del suelo
Miranda respondió que excluir la parte territorial de los acuerdos habría trasladado un problema añadido a los ayuntamientos, que tendrían que afrontar decenas de modificaciones urbanísticas para reclasificar los terrenos en los próximos años.
El Ejecutivo defiende así que los acuerdos permiten cerrar una larga batalla judicial, reducir la factura respecto a lo inicialmente reclamado y evitar nuevos conflictos urbanísticos, aunque la oposición mantiene sus dudas sobre el coste final y sobre los derechos que conservan los promotores.
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