El periodo medio de pago a proveedores se ha reducido en febrero en todas las administraciones públicas, con una mejora destacada en las comunidades autónomas, que han recortado este plazo en 6,35 días, lo que supone un descenso del 22,7% respecto a enero. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el periodo medio de pago (PMP) de las comunidades se sitúa en 21,61 días, el más bajo en casi tres años.

En este contexto, Canarias se posiciona entre las regiones más cumplidoras, con un PMP de 17,45 días, muy por debajo del límite legal de 30 días que establece la normativa vigente.

40 días en Asturias

En el conjunto del país, la Administración Central también mejora sus tiempos, situando su PMP en 23,47 días, mientras que la Seguridad Social alcanza los 10,34 días, tras reducir más de dos días respecto al mes anterior. Estos avances suponen un alivio para miles de empresas que dependen de la liquidez derivada de sus contratos públicos.

Por el contrario, comunidades como Asturias (39,30 días), Navarra (28,63) y Cataluña (27,37) siguen siendo las que más retraso acumulan en sus pagos, superando ampliamente el plazo máximo legal. En el lado opuesto, Galicia (13,39 días), Murcia (15,17) y Madrid (16,30) encabezan la lista de las comunidades con mejor desempeño.

Las Palmas no cumple

En lo que respecta a las entidades locales, de los 157 ayuntamientos que deben reportar sus datos, el 72% cumple con el plazo de 30 días, aunque 15 superan los 60 días, situándose en situación de morosidad grave. Entre las capitales más cumplidoras figuran Madrid (7,68 días) y Barcelona (14,33 días), mientras que Las Palmas de Gran Canaria vuelve a estar entre las más rezagadas con un PMP de 34,95 días, por encima del margen legal permitido.

Por otro lado, el informe también revela que la deuda comercial asciende a 4.043,66 millones de euros, equivalente al 0,24% del PIB, lo que supone un incremento del 4,37% respecto al mes anterior.

Estos datos reflejan una mejora generalizada en la eficiencia de la gestión pública, aunque también evidencian la necesidad de que determinadas administraciones refuercen sus compromisos para cumplir los plazos de pago establecidos por ley, especialmente en momentos donde la liquidez es clave para la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas.