El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, presentado este jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, contempla una inversión total de 371 millones de euros en Canarias. Pese a la cifra anunciada, el Gobierno de Canarias ha reclamado cambios sustanciales en el planteamiento del plan, que reprocha que comienza sin consenso y del que pide que se adapte a las políticas en materia de vivienda que ha puesto en marcha.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha exigido que se atiendan las singularidades del territorio insular, subrayando que el texto estatal “comienza sin el consenso necesario” y que se necesita un enfoque flexible que no imponga medidas uniformes a todas las comunidades.
Las propuestas de Canarias
Durante su intervención en la conferencia sectorial, Rodríguez insistió en que el documento debe permitir la incorporación de propuestas autonómicas y convertirse en un marco de coordinación con las políticas locales ya implementadas, no en una receta única que desplace los avances propios. En este sentido, recordó que Canarias ya destina más recursos públicos a la vivienda que los mínimos exigidos por el Estado, con cerca de 200 millones de euros movilizados en los últimos años, incluyendo la reactivación de promociones paralizadas desde hace más de una década.
Entre las propuestas trasladadas al Ministerio, destaca la solicitud de permitir el uso de remanentes y superávits públicos para reforzar las políticas de vivienda de forma temporal, una iniciativa planteada anteriormente en la Conferencia de Presidentes, pero que todavía no ha recibido respuesta clara del Estado, al estar parcialmente derivada al Ministerio de Hacienda.
Los límites a la construcción
Rodríguez también insistió en la necesidad de contemplar la realidad de las islas no capitalinas, donde las dificultades para construir vivienda pública son mayores por la escasez de mano de obra, el encarecimiento de materiales y otras limitaciones logísticas. “Necesitamos un plan que se adapte a los retos de cada territorio, y no que los ignore”, subrayó el consejero.
En cuanto al seguimiento y evaluación del plan, el Gobierno autonómico recordó que Canarias ya dispone de su propio Observatorio de Vivienda, que genera datos públicos y fiables para planificar con precisión. Además, fue la primera comunidad en garantizar la permanencia del parque público de vivienda mediante el decreto-ley 1/2024.
Finalmente, Rodríguez destacó que la estrategia canaria en vivienda se basa en un enfoque 360º que incluye cambios normativos, agilización de trámites y una apuesta sostenida por la vivienda pública. A su juicio, el Plan Estatal debería ser “un complemento que sume a todo lo ya avanzado desde Canarias” y no un marco que limite su desarrollo. También advirtió de la necesidad de asegurar financiación estructural más allá de 2026, cuando finalizan los fondos europeos del Plan de Recuperación.