La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha enviado una carta a Puertos del Estado ante la preocupación de la implantación de la nueva normativa que contribuirá a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de la energía utilizada por los barcos. “Es una directiva que va a causar un grave impacto en los puertos españoles”, ha confirmado Beatriz Calzada, presidenta de la APLP. Esta se basa en establecer una tasa sobre los derechos de emisiones, “esto va a suponer un coste adicional a las navieras a la hora de atracar”.
Según Calzada, si los puertos canarios no quedan exentos existe el riesgo de perder conectividad porque muchos operadores ya están avisando “que en vez de recalar en el Puerto de La Luz, lo harán en los africanos u otros puertos emergentes”. Además, la presidenta de la APLP también asegura que va a provocar un problema importante de aumento de precios. “Toda esa mercancía que llega normalmente en tres o cuatro semanas, pasará a tardar meses y eso significa un encarecimiento de todos esos productos”.
Excepción temporal
Es más, la propia normativa establece y reconoce que su aplicación puede ser un obstáculo para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y, por ello, prevé la posibilidad de una excepción temporal. “El problema es que esa distinción se nos queda pequeña porque es solo entre la RUP y su estado miembro”, manifiesta Calzada. “No nos ayudaría con los terceros países, que es por donde viene prácticamente todo nuestro tráfico marítimo”.
La Autoridad Portuaria de Las Palmas —la de Santa Cruz de Tenerife también ha enviado su propio escrito a Puertos del Estado— pide que se exima a los puertos canarios de esa normativa. “Esto no significa que no queramos avanzar en la descarbonización”, puntualiza Calzada, “estamos poniendo en marcha proyectos tendentes a favorecerla e investigando energías alternativas”.
La normativa
El Pacto Verde europeo sigue su curso con el objetivo de dejar de depender del dióxido de carbono (CO2). La propuesta Fit for 55 tiene la meta de reducir las emisiones en 2030 en, al menos un 55% respecto a 1990. Para ello se comenzará a prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2035, se impondrán tasas al carbono y se obligará a que los edificios de las viviendas sean sostenibles, entre otras medidas.
Dentro del sector portuario, las navieras tendrán que pagar los derechos de emisión al 100% en los desplazamientos entre puertos de la Unión Europea y al 50% en el caso de los viajes con llegada y salida de la UE. Si el buque no paga estos derechos de emisión durante dos años, se le denegará la entrada a cualquier puerto europeo y a los operados por su naviera.
La importancia del puerto
Beatriz Calzada aportó estas declaraciones en la presentación del próximo Navalia Meeting, congreso que servirá para debatir sobre la situación del sector naval y de los astilleros, el futuro de la industria naval militar en España y la eólica marina, entre otras cuestiones. Esta actividad, solo en la isla, genera 2.035 empleos directos relacionados con el transporte marítimo, 2.338 en la actividad portuaria y 1.805 en la reparación naval. Asimismo, el futuro de los empleos en el puerto es esperanzador por temas como la economía azul, la eólica marina o la propia reparación de astilleros.
Javier Arnau, director de Navalia, fue el encargado de detallar el programa de Navalia Meeting con 250 invitados, seis mesas redondas y 30 ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional.
Las patronales
La CEOE de Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios (CECE) también solicitan la exención de la normativa europea de huella de carbono en el tráfico marítimo de las navieras que operan en el archipiélago. En un comunicado, las dos patronales canarias indican que esta normativa europea plantea que las navieras deben pagar tasas en función de su huella de carbono, lo que podría tener "un impacto significativo" en la competitividad y la conectividad de los puertos de las islas.
CEOE Tenerife y CECE abordarán mañana viernes esta cuestión ante "el riesgo de perder conectividad, ya que muchas navieras podrían optar por otros puertos emergentes en lugar de recalar en Canarias", esgrimen.