El Gobierno de Canarias ha dado este lunes luz verde a la legalización territorial de cuatro explotaciones ganaderas situadas en Antigua (Fuerteventura), San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y Teguise (Lanzarote). En total, estas instalaciones suman 2.446 cabezas de ganado.
La medida se adopta en aplicación de la Ley 6/2009, que contempla medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y turística en Canarias. Con este acuerdo, se concede autorización tanto a la actividad como a las edificaciones e instalaciones vinculadas.
Regularización del sector
Desde el Ejecutivo explican que esta decisión supone un nuevo avance en el proceso de reactivación de regularizaciones que impulsa la Dirección General de Ganadería. Las cuatro explotaciones autorizadas se dedican principalmente a la producción de leche para la elaboración de lácteos, además de a la cría y reproducción.
En conjunto, albergan 2.416 cabras, catorce caballos, doce vacas, tres ovejas y un burro. Un volumen que refleja el peso del subsector caprino en el Archipiélago y su importancia para la producción local.
Instalaciones inscritas y en funcionamiento
Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cuatro explotaciones se encuentran dadas de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA). Además, un estudio comparativo de fotografías aéreas elaborado por GMR Canarias confirma que las edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias.
Por este motivo, resulta de aplicación la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que regula los supuestos en los que pueden legalizarse este tipo de construcciones ganaderas.
Condiciones y plazos
La normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y con el visto bueno de los departamentos competentes en ordenación del territorio y medioambiente, puede acordar la legalización territorial y ambiental de instalaciones ejecutadas sin los correspondientes títulos administrativos antes de la entrada en vigor de la ley de 1999.
El acuerdo aprobado fija también una serie de actuaciones obligatorias en materia sanitaria, ambiental, funcional, estética y de bienestar animal. Estas mejoras deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses desde la notificación, prorrogables por nueve meses adicionales.
Un plan más amplio de regularización
Estas autorizaciones se enmarcan en el plan de regularización que desarrolla el Ejecutivo autonómico para explotaciones ejecutadas antes de 1999 y que hayan superado los trámites exigidos.
El procedimiento implica la participación de los cabildos insulares, los ayuntamientos donde se ubican las instalaciones y otros departamentos del Gobierno, como los responsables de protección de la naturaleza y de ordenación del territorio, con el objetivo de garantizar que la actividad continúe con seguridad jurídica y cumpliendo los requisitos ambientales y de bienestar animal.