Catorce años y nueve meses. Ese es el tiempo medio que transcurrió entre la primera aparición en los presupuestos y la ejecución completa de los proyectos de carreteras terminados que analizó la Audiencia de Cuentas de Canarias.
Son exactamente 177 meses, una cifra que sobresale dentro de una fiscalización más amplia sobre las inversiones reales de la Comunidad Autónoma entre 2019 y 2023.
El dato necesita una precisión importante: no significa que todas las carreteras de Canarias tarden 14 años y nueve meses. La propia Audiencia advierte de que los cálculos proceden de una muestra reducida de expedientes. En el caso concreto de Infraestructura Viaria fueron examinados diez proyectos de inversión.
Aun así, la conclusión sobre esa muestra es contundente: todos los contratos de carreteras analizados incumplieron el plazo de ejecución fijado inicialmente.
177 meses
La Audiencia estudió diferentes momentos de la vida administrativa de cada inversión: cuándo apareció por primera vez con dotación presupuestaria, cuándo se firmó el contrato, qué plazo de ejecución se había previsto y cuándo se produjo finalmente la recepción u ocupación de la obra.
Para las inversiones en carreteras, el resultado agregado fue de 177 meses desde la presupuestación hasta la ejecución total.
Es la cifra más alta entre las grandes categorías recogidas en ese cuadro.
A modo de comparación, las construcciones escolares alcanzaron 65 meses; las infraestructuras hidráulicas, 52; los proyectos y equipamientos de Justicia, 61; y los proyectos de medio ambiente, 40 meses.
Las carreteras quedan muy por encima.
Antes de construir
Parte del tiempo se consume incluso antes de que empiece la obra.
Según el informe, desde que un proyecto viario aparece presupuestado hasta la firma del contrato transcurren 43 meses de media, más de tres años y medio.
Una vez contratado, la duración media fijada inicialmente para ejecutar esas obras era de 36 meses. Sin embargo, el tiempo real medio desde la contratación hasta la recepción u ocupación se elevó a 120 meses, es decir, diez años.
La desviación media respecto al plazo contractual alcanza los 83 meses.
La Audiencia especifica además que esos promedios no se calculan siempre sobre exactamente el mismo número de expedientes, ya que dentro de la muestra había proyectos contratados que todavía no estaban terminados.
Diez carreteras
La muestra de la Dirección General de Infraestructura Viaria incluye proyectos muy reconocibles de distintas islas.
Entre los expedientes que aparecen en la documentación figuran la carretera Agaete-San Nicolás de Tolentino, el enlace Chafiras-Oroteanda de la TF-1, actuaciones en el tramo de Los Cristianos, la variante de Vallehermoso, la carretera Puerto del Rosario-Caldereta, la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas entre Tamaraceite y Tenoya y actuaciones de la LP-1 entre Los Llanos y Tijarafe.
Algunos expedientes muestran además la enorme distancia temporal entre los distintos hitos.
La actuación Agaete-San Nicolás, por ejemplo, aparece presupuestada desde septiembre de 2017, con contrato firmado en abril de 2019 y un plazo contractual de 65 meses; la recepción que recoge la fiscalización está fechada en febrero de 2024.
No todos los proyectos incluidos estaban terminados cuando se realizó el análisis, motivo por el que la Audiencia insiste en las limitaciones de la muestra.
Por qué se retrasan
El órgano fiscalizador no atribuye los retrasos a una única causa.
La construcción de carreteras comienza mucho antes de colocar asfalto. La propia redacción del proyecto puede consumir un periodo elevado, al que después se suman permisos, informes obligatorios, evaluaciones de impacto ambiental y comprobaciones de replanteo.
Y una vez empieza la ejecución aparecen otros factores.
La Audiencia cita expresamente restos arqueológicos, expropiaciones pendientes, protestas de movimientos sociales, incidencias imprevistas y modificaciones de los proyectos como elementos que pueden ralentizar las obras.
El informe también identifica un problema previo en las inversiones públicas en general: proyectos que reciben dinero cuando todavía no están suficientemente maduros para ser ejecutados, así como unidades administrativas con dificultades de personal o capacidad para tramitar contrataciones.
Mucho antes del asfalto
La fiscalización fue aprobada por la Audiencia de Cuentas el 30 de septiembre de 2025 y analiza la ejecución del capítulo de inversiones reales de la Comunidad entre 2019 y 2023.
El informe ya había dejado otro dato especialmente significativo: las dificultades de Canarias para ejecutar una parte de las inversiones que incorpora cada año a sus presupuestos.
El detalle de carreteras permite visualizar de otra forma ese problema.
Antes de que una nueva vía llegue a los conductores existe un recorrido administrativo y material que, en los diez proyectos analizados por la Audiencia, alcanzó una media de 177 meses: 14 años y nueve meses desde la primera dotación presupuestaria hasta la ejecución completa.
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