El Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso para modificar la Ley de Ordenación del Turismo, vigente desde 1995. La reforma busca, según el Ejecutivo, adaptar el marco normativo a las nuevas realidades del sector y garantizar un desarrollo más sostenible, competitivo y equilibrado.

Esta revisión también afectará a la Ley 2/2013 de renovación turística, con el objetivo de "unificar criterios y ofrecer seguridad jurídica tanto a los operadores como a la ciudadanía", expone la Administración. La propuesta se encuentra en fase de consulta pública previa para recoger aportaciones de personas y entidades interesadas.

Hacia un turismo más sostenible

Entre los principales problemas a resolver está la creciente tensión entre usos turísticos y residenciales, especialmente en zonas de alta concentración de viviendas vacacionales, que agravan el déficit habitacional. La nueva norma pretende fijar criterios claros para proteger el derecho a la vivienda y equilibrar la convivencia con el turismo.

Asimismo, se plantea una renovación profunda de los núcleos turísticos más degradados, promoviendo la modernización de infraestructuras tanto públicas como privadas, incluidos hoteles, centros comerciales y zonas urbanas, todo ello bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y urbanística.

Nuevas modalidades, nuevas reglas

El proyecto también busca ordenar las nuevas formas de alojamiento y comercialización, incorporando normativas específicas para el alquiler vacacional, las plataformas digitales y la protección de los consumidores. Se establecerán nuevos indicadores turísticos que midan la carga del territorio y la calidad del destino.

Otro de los pilares será redefinir el concepto de municipio turístico para diferenciar entre los que sufren mayor presión de visitantes y los que deben recibir un impulso específico. También se contempla suspender licencias y planeamientos en zonas saturadas o en procesos de modernización.

Un marco legal más claro y actualizado

El texto propuesto pretende clarificar competencias entre administraciones y mejorar la coordinación institucional para "lograr un modelo turístico más justo y eficiente". Se reforzarán los instrumentos de ordenación territorial con visión insular y se revisarán los sistemas sancionadores para garantizar el cumplimiento.

Desde el Gobierno se insiste en que esta reforma no es opcional, sino "urgente y necesaria". El turismo "ha cambiado profundamente desde 1995 y el marco legal actual ya no responde a las necesidades ni a los retos del presente ni del futuro", expone el documento explicativo de la nueva ley.

Participación ciudadana

La futura ley incorporará mecanismos de participación pública, "garantizará la protección del medio ambiente, del patrimonio y de los derechos sociales", y tiene el objetivo de alinearse con la estrategia de descarbonización y los planes insulares de acción climática ya en marcha.

Según datos del propio Ejecutivo, Canarias ha pasado de tener 310.510 plazas turísticas en 1995 a más de 630.000 en 2025, con un aumento significativo del alquiler vacacional. Además, el gasto medio por turista ha pasado de 634 euros a más de 1.440 euros en 2024, lo que obliga a replantear el modelo de crecimiento.

Equilibrio, legalidad y calidad

El nuevo texto legal pretende fijar los principios, objetivos y actores clave del sistema turístico canario, "integrando la perspectiva ciudadana, empresarial e institucional". Se elaborará un régimen transitorio para facilitar la adaptación al nuevo marco sin generar inseguridad jurídica.

En definitiva, el Gobierno defiende que no existe una alternativa no regulatoria viable y que el nuevo texto debe ser una herramienta integral que combine desarrollo económico, protección social, sostenibilidad ambiental y una mejor gobernanza del turismo en Canarias.