El Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (REBECA) atraviesa uno de sus momentos más delicados. Creado en 1992 para atraer embarcaciones y competir con otros registros internacionales, cerró 2025 con apenas 84 buques inscritos, siete menos que el año anterior. Una caída que preocupa al sector marítimo y que ahora ha llegado al Parlamento de Canarias.
La Cámara autonómica ha aprobado este miércoles, por unanimidad, una iniciativa del Partido Popular para impulsar la recuperación del registro y convertirlo en una herramienta capaz de generar más actividad económica, atraer empresas navieras y crear empleo especializado en las Islas.
La propuesta, defendida por la diputada popular Rebeca Paniagua, pretende que Canarias deje de ser únicamente el lugar donde se matriculan los barcos y aproveche económicamente los servicios que se generan alrededor de la industria marítima.
Un registro en retroceso
Los datos reflejan el deterioro de la competitividad del registro canario. Según las cifras de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), la flota mercante de transporte bajo bandera española pasó de 91 a 84 embarcaciones durante 2025.
La reducción también se aprecia en su capacidad, con una caída del 16% en el arqueo bruto, que pasó de aproximadamente 2,1 a 1,7 millones de toneladas de arqueo bruto (GT). Esta última unidad mide la capacidad interior de los barcos, no el peso de la mercancía que transportan.
La competencia de otros registros europeos, como los de Madeira, Malta o Chipre, constituye uno de los principales desafíos para el sistema español.
Durante su intervención, Paniagua defendió que Canarias dispone de ventajas para recuperar terreno, gracias a su posición en las rutas del Atlántico, las infraestructuras portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y la presencia de empresas especializadas.
Sin embargo, advirtió de que disponer de estas condiciones no garantiza que la actividad termine generando riqueza en las Islas.
"Una cosa es que un buque figure inscrito en Canarias y otra que su actividad empresarial contribuya a crear riqueza en Canarias", señaló la parlamentaria.
Nuevas oportunidades laborales
La iniciativa aprobada contempla la elaboración de un Plan Canario para el desarrollo del REBECA, integrado en la Estrategia Canaria de Economía Azul 2030.
El objetivo es atraer nuevas navieras, centros de gestión de flotas y compañías relacionadas con los servicios marítimos.
Detrás de cada embarcación existe una actividad económica que va mucho más allá del transporte de mercancías. La reparación de barcos, la logística portuaria, los seguros marítimos, el asesoramiento jurídico, la financiación o el desarrollo tecnológico son algunos de los negocios que podrían beneficiarse de una mayor implantación de empresas del sector.
En este sentido, la propuesta busca que los puertos canarios no solo reciban embarcaciones, sino que también concentren parte de los servicios empresariales y profesionales que necesitan para operar.
Además, el Parlamento plantea estudiar nuevos incentivos económicos y fiscales que permitan competir con otros registros marítimos internacionales y favorecer que las compañías desarrollen actividad real en el Archipiélago.
Menos burocracia
Otra de las medidas pasa por solicitar al Gobierno de España una modernización del REBECA que facilite las gestiones administrativas de las empresas navieras.
La propuesta incluye simplificar los procedimientos, reforzar la seguridad jurídica y mejorar el funcionamiento de las oficinas del registro en ambas provincias canarias.
El objetivo es reducir las dificultades administrativas que pueden influir en la decisión de una naviera a la hora de elegir dónde registrar sus embarcaciones.
La iniciativa también contempla una estrategia para formar a nuevos profesionales, mediante la colaboración con universidades, centros de Formación Profesional, autoridades portuarias, cámaras de comercio y empresas.
Se pretende facilitar las prácticas y los periodos de embarque de los estudiantes, adaptar la oferta formativa a las necesidades del sector y favorecer la incorporación de jóvenes canarios a profesiones relacionadas con la navegación y los servicios marítimos.
"Una política de diversificación no puede limitarse a atraer empresas: debe preparar también a las personas que van a trabajar en ellas", defendió Paniagua.
El siguiente paso
El respaldo unánime del Parlamento supone un acuerdo político para impulsar el registro, aunque no implica que los incentivos, las reformas administrativas o los programas formativos estén ya aprobados o en funcionamiento.
Al tratarse de una proposición no de ley, su desarrollo dependerá de las actuaciones posteriores de las administraciones competentes, incluido el Gobierno de España en las cuestiones relacionadas con la regulación del registro.
Para la diputada popular, el éxito de la estrategia deberá medirse por la inversión atraída, el número de empresas que se instalen, los servicios que se desarrollen y los puestos de trabajo que se generen, y no exclusivamente por el número de barcos inscritos.
«Canarias puede aspirar a ser algo más que un punto de paso en las grandes rutas marítimas internacionales», afirmó.
La iniciativa abre así una nueva etapa para un registro que nació hace más de tres décadas con ventajas fiscales para competir en el mercado internacional, pero que afronta ahora el desafío de recuperar embarcaciones y conseguir que una mayor parte de la actividad marítima repercuta directamente en la economía canaria
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