La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha informado de que el archipiélago contará este año, y en los dos próximos ejercicios, con 39,5 millones de euros para el impulso de la escolarización en el primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente, para niñas y niños de 1 y 2 años. En concreto, las islas recibirán 11,9 millones de euros en 2021; otros 19,6 millones de euros para el próximo año, y 7,9 millones de euros más para 2023.
Esta iniciativa se incluye en el marco del 'Programa de Cooperación Territorial para la Modernización y Digitalización del Sistema Educativo', incluida la educación temprana de 0 a 3 años, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Estado orientada a la creación de 1.293 plazas de titularidad pública para 2021, otro tanto para 2022, y lo mismo para 2023, que suman en total de 3.879 plazas en los tres ejercicios.
Estas actuaciones deben destinarse, por una parte, a la reforma, rehabilitación y equipamiento para nuevas aulas a fin de adecuar los espacios a las necesidades educativas del alumnado en este ciclo educativo, la construcción de nuevas escuelas infantiles y la dotación de los centros de titularidad de la Administración autonómica, así como local.
Tasa de escolarización desigual
El acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sostiene que existe consenso en la importancia de la participación en la Educación Infantil como uno de los criterios más importantes de la mejora de los resultados y el desempeño educativo futuro, y cita la OCDE al afirmar que el alumnado de 15 años que cursó este Ciclo tiene mejores resultados en el estudio PISA que quienes no lo hicieron, incluso teniendo en cuenta su contexto socioeconómico.
En España, advierte, en los últimos diez años ha habido un crecimiento de la tasa de escolarización de Infantil (0, 1 y 2 años) que ha sido desigual, al constatarse diferencias sociales y territoriales. Entre las causas por las que las familias no llevan a sus hijos e hijas a centros de atención y Educación Infantil, la principal (52,4%) es no poder asumir el gasto que conlleva este servicio, resalta la Consejería en una nota.
Por lo tanto, concluye que la disponibilidad y accesibilidad de unos servicios de alta calidad en las áreas donde residen familias con bajo nivel educativo y de renta, familias monoparentales, minorías, o familias migrantes tienen una elevada repercusión en la promoción de la igualdad y la inclusión social, y favorece la igualdad de oportunidades de las niñas y niños de zonas rurales. Además, la extensión de la educación infantil contribuye a la detección y atención temprana de necesidades específicas.