El derribo del Hotel Oliva Beach ordenado por el Ministerio de Transición Ecológica, ha causado revuelo y ha llevado a que el Gobierno de Canarias acuda al Tribunal Constitucional para reclamar las competencias que considera exclusivas de la comunidad autónoma en materia de costas.
El Ejecutivo canario no reconoce al Ministerio la competencia legal para emitir la resolución que dictó el 27 de febrero, por la que se declara la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial a la entidad mercantil Geafond Número Uno Lanzarote para ocupar el dominio público costero con ese hotel, según ha indicado su portavoz, Alfonso Cabello.
"Defender los intereses" de las Islas
Según Cabello, es la primera vez que se da una injerencia directa en las competencias en materia de costas del Gobierno autonómico. Por ello, se emprenderán diligencias ante el Constitucional para “defender los intereses de la comunidad autónoma".
Asimismo, Canarias solicita actuar igualmente en cualquier otro expediente en materia de gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, en especial en el otorgamiento de autorizaciones y concesiones.
Competencia exclusiva
El Ejecutivo canario considera que el archipiélago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público.
Este comprende la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, incluyendo todas las concesiones sobre dicho espacio, "sin distinción alguna y sin reserva legal de competencias a la Administración General del Estado en esta materia", según el Gobierno de Canarias.
Discrepancias entre gobierno autonómico y central
Igualmente, reitera su voluntad para debatir y resolver las discrepancias y diferencias que el Gobierno central pueda tener sobre las competencias de la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión de litoral en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado, prevista en el artículo 192 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Canarias ha solicitado la convocatoria de esa comisión en varias ocasiones sin éxito, ha remarcado Cabello.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguró la semana pasada que las competencia para resolver sobre concesiones de régimen transitorio, como la del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura, recaen en el Estado.