El Gobierno de Canarias respalda la petición de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas (FEDEX) para tramitar la solicitud de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Tomate Canario’.
Esta solicitud, que ha recibido el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), tiene como objetivo que el producto obtenga el mismo sello de calidad con el que ya cuentan el plátano y el aguacate.
Garantía
Tal y como recuerda la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en un comunicado, este distintivo garantiza que la calidad o reputación del producto se deba al medio geográfico donde se produce "incluyendo factores naturales y humanos atribuibles al origen, por lo que se establece como marca diferenciadora respecto al resto de producciones de otros orígenes".
De esta manera se contribuye a impulsar la economía rural "especialmente en zonas con limitaciones naturales u otras condicionantes específicos, desde zonas de montaña a territorios alejados del continente, como las RUP, donde los costes de producción son elevados en comparación al resto de regiones comunitarias", apuntan. Esto puede contribuir a a las políticas de desarrollo rural como a las de apoyo en la comercialización y de ayuda a la renta que se aplican en el marco de la Política Agrícola Común (PAC).
Antigua aspiración
Desde la consejeria insisten en que la solicitud reactiva una antigua aspiración del sector productor y exportador de Canarias. "Hace aproximadamente diez años, tanto FEDEX como ACETO ya contemplaron dar este paso crucial para la diferenciación del producto. Sin embargo, diversas incertidumbres sectoriales, regulatorias, logísticas y de mercado obligaron a pausar aquel primer impulso", explican.
Al respaldo del Cabildo grancanario, se ha sumado el de la Consejería del Sector Primario, el Cabildo de Tenerife, así como los productores de Fuerteventura. "La solicitud vuelve a la palestra sustentada en una base sólida de factores naturales, tradicionales, geográficos, demográficos, históricos, económicos, sociales y culturales, todos ellos ligados al auge y consolidación de un cultivo emblemático que ha marcado el desarrollo agrícola y exportador del archipiélago del siglo XX".
Así es el procedimiento
Para lograr esta distinción se debe pasar por una primera fase nacional "en la que se establece un periodo de información pública que, una vez transcurrido, otorga protección al nombre de la indicación mientras dure la fase de tramitación en las instituciones comunitarias", subrayan desde la institución.
Tras ello el proceso entra "en un segundo estadio de tramitación a nivel europeo que comprende la solicitud de inscripción en el Registro de la Unión Europea, realizada por el Estado Miembro. A partir entonces, la Comisión Europea cuenta con un plazo máximo de seis meses para examinar la solicitud, comprobar la documentación presentada y, en su caso, requerir información adicional".
Cuando se comprueba el cumplimiento de las condiciones establecidas por la legislación europea, la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea "el documento único así como la referencia a la publicación del pliego de condiciones y a su posterior inscripción en el Registro de Indicaciones Geográficas de la Unión Europea, tras un periodo de información pública", concluyen.