El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que exima a la Comunidad Autónoma de cumplir con la regla de gasto, al entender que las medidas aprobadas para paliar los efectos de la guerra en oriente no tienen impacto. La intención es quedar exentos de la disciplina fiscal para poner en marcha medidas de impacto, sin embargo, antes incluso de que comenzara la ofensiva en Irán, la AIReF ya había advertido de un riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2026 y alerta de que se pueda prolongar la situación hasta 2028.
En un informe de febrero, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha detectado que en el Plan Económico y Financiero elaborado por el Gobierno regional se “sigue apreciando desviación sobre la regla de gasto de 2026”, tras detectar en noviembre que “podía existir riesgo de incumplimiento de la regla de gasto, al prever una variación del gasto computable del 5,9%”.
Desviación persistente en la regla de gasto
En esencia el informa avisa de que la “desviación” sobre la regla de gasto se mantiene para 2026 y se prolongan los riesgos de incumplirla en 2027 y 2028. También informan de que observan “un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos superior al comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo para el conjunto de las Administraciones Públicas”.
Según sus estimaciones, el gasto computable crecerá por encima de los límites fijados: en torno al 7% en 2025, frente a una referencia del 3,2%, y un 6,2% en 2026, por encima del 3,5% permitido. Señala el informe que “un crecimiento del gasto computable ajustado a los límites actuales requeriría medidas adicionales a las recogidas en el Plan Económico y Financiero que permitirían mejorar el saldo previsto por la AIReF para 2026 en cinco décimas de PIB”.
Medidas insuficientes y efecto limitado
En los presupuestos de este año se han puesto en marcha medidas tributarias que aumentarán los ingresos de 2026 en unos 67 millones de euros, si bien detecta la autoridad que “tendrán un impacto negativo limitado en la regla de gasto de este año”. “En la regla de gasto de 2026, dado que no se computa el efecto de la retirada de medidas temporales ni la rebaja del IRPF que afectó a la recaudación de 2025, se registrará un efecto negativo conjunto de 2 millones de euros”, señala el documento.
El plan incorpora además medidas de ajuste en el gasto sanitario, centradas principalmente en su contención: 7 millones de euros en costes de personal, esencialmente para eventuales, sustituciones y refuerzos, y otros 21 millones en gastos corrientes, como hemoderivados y energía.
Diferencias con el escenario de AIReF
El informe señala que entre las previsiones de la AIReF del Plan Económico y Financiero respecto a la regla de gasto las principales discrepancias están causadas por el crecimiento de empleos no financiados por otras administraciones públicas. La autoridad ha previsto un aumento de empleos que es superior al previsto por la comunidad “con una proporción menor de los financiados por otras administraciones públicas, lo que separa su previsión de crecimiento de gasto computable de la estimación del PEF”.
Por otra parte, prevén un crecimiento de los recursos más optimista que el planteado, lo que consideran que “le lleva a un saldo más favorable que el recogido en el plan, a pesar de la diferente evolución esperada en el gasto”.
Riesgo estructural a medio plazo
El análisis no es solo de este año. La AIReF advierte que Canarias no solo tiene riesgo de incumplir la regla de gasto en el corto plazo, sino que seguirá gastando por encima de los límites también en 2027 y 2028, tanto según las reglas nacionales como las europeas, lo que apunta a un problema estructural y no puntual.
La autoridad detecta que si no se producen cambios en las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias, en 2030 se alcanzará un superávit cercano a medio punto del PIB. La AIReF estima que los recursos de la comunidad mantendrían un peso sobre PIB en torno al 23,3%, perdiendo una décima en 2030, y que la ratio de deuda se situará en torno al 7% del PIB.