El colectivo Canarias Tiene un Límite ha reclamado este miércoles al Gobierno de Canarias la implantación de una moratoria turística dentro de la futura Ley de Turismo con el objetivo de frenar el aumento de plazas alojativas y limitar el consumo de suelo destinado a usos turísticos.

La plataforma sostiene que el actual modelo económico vinculado al crecimiento continuado del turismo “ha superado la capacidad de carga” del archipiélago y asegura que sus efectos ya son visibles en problemas como el acceso a la vivienda, la saturación de servicios públicos o el deterioro ambiental.

Según expone el colectivo en un comunicado difundido este miércoles, la propuesta pasa por establecer una suspensión temporal de nuevas camas turísticas y de infraestructuras vinculadas al sector mientras se redefine el modelo turístico de las islas.

Frenar el crecimiento

Entre las medidas planteadas figura la paralización de nuevas plazas alojativas “en cualquier modalidad”, así como el freno a construcciones que aumenten la presión turística sobre el territorio.

Además, la organización también pide excluir proyectos de gran impacto —como parques temáticos u otras instalaciones estratégicas— de posibles excepciones urbanísticas o administrativas.

El colectivo argumenta que Canarias afronta una situación marcada por la presión sobre los recursos naturales, el aumento de vertidos de aguas residuales, la pérdida de biodiversidad y unos elevados niveles de pobreza y exclusión social pese al peso económico del turismo.

Referencia al 20A

La plataforma recuerda que la moratoria turística ha sido una de las principales reivindicaciones surgidas en las movilizaciones celebradas en Canarias durante los últimos años, especialmente tras las protestas del 20 de abril de 2024 (20A), que reunieron a miles de personas en distintas islas.

Canarias Tiene un Límite asegura que existe ya un “amplio consenso social” sobre la necesidad de modificar el actual modelo de desarrollo turístico del archipiélago.

Desde la organización defienden que una moratoria permitiría avanzar hacia un modelo “más sostenible”, reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida de la población residente, al tiempo que emplazan tanto a las instituciones públicas como al sector turístico a asumir las demandas surgidas de las recientes protestas sociales.