El próximo mes de abril arranca el juicio que involucra a UGT en el Archipiélago por el presunto fraude a la hora de gestionar unas subvenciones recibidas en los años 2008 y 2009. El tema, que involucró a la Fundación para el Desarrollo Social de Canarias (Fundescan), está cada vez más cerca de resolverse.

Cándido Méndez, quien fue secretario general del sindicato a nivel nacional durante dos décadas, asegura en declaraciones a Atlántico Hoy que confía “en el buen hacer” de sus compañeros en las Islas. “Es de mi época y recuerdo aquello”, admite, “pero no tengo información concreta [de cómo avanza el procedimiento]”.

Cantidades

El juicio, que comenzará el 1 de abril y está previsto acabar el 16 de mayo, cerrará 15 años de incertidumbres en torno a qué ocurrió con los 744.426 euros que recibió UGT Canarias para que desarrollara cursos enmarcados en el Plan Nacional de Formación e Inserción (FIP).

También ayudará a esclarecer lo sucedido con los 1.099.567,84 euros del año 2009 para sufragar los gastos de las acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo. La investigación comenzó hace 15 años en el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria.

Confianza en la justicia

La clave está en que, presuntamente, las partidas no se destinaron para lo que se habían pedido. Méndez, que estuvo este martes en el Hotel Santa Catalina para participar en el Foro Canarias, lanza un mensaje claro: “En cualquier caso, se hará lo que diga la justicia”.

El exsecretario general de UGT insiste en que es importante tener “confianza en la justicia” durante un procedimiento que cuenta con 14 acusados que se enfrentan alrededor de 14 años de cárcel. Están señalados por haber cometido presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

El propio Servicio Canario de Empleo (SCE) advirtió en su momento de que las subvenciones no se ejecutaron para “los fines legalmente previstos”.