La ruta comercial del buque Lady Mina se ha convertido en una pesadilla para sus tripulantes. Cargaron harina para pescado en Guinea Bisáu, repostaron en Senegal y se les rompió el motor en el Puerto de Las Palmas. El barco permanece inmovilizado desde finales de mayo y los seis marineros se encuentran en una situación de desamparo absoluto, tras detectar Capitanía Marítima graves irregularidades a bordo y proceder a la retención de la nave.

Les asiste la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), que ha interpuesto una demanda por el impago de los salarios y espera a que el juzgado acuerde el embargo preventivo del buque. Esta garantía, tras confirmarse el abandono del armador, permitirá al sindicato iniciar el proceso legal para costear el regreso de los afectados a sus casas.

Las claves de la avería

El buque tenía previsto regresar con la harina de pescado este verano a Turquía, que es donde tiene su base de operaciones al estar su armador vinculado a intereses turcos. Sin embargo, la avería en el Puerto de Las Palmas ha destapado una situación dramática a bordo: el jefe de máquinas lleva más de un año y medio enrolado —cuando el máximo permitido por ley son once meses—, un límite legal que también incumplen otros dos marineros, a lo que se suman varios meses acumulados de impagos.

La situación se complicó a finales de mayo, cuando sufrieron la rotura del motor tras recalar en Las Palmas también para repostar, momento en que la tripulación alertó al sindicato. La intervención de la ITF permitió la repatriación de dos marineros, pero otros seis siguen atrapados en la isla. Uno es de Georgia y el resto son de Azerbaiyán; todos quieren cobrar y volver con sus familias.

Un cautiverio forzoso

El agotamiento psicológico de la tripulación es insostenible debido a los meses de abandono por parte del armador turco. "Estamos cansados, queremos volver a casa", relatan los propios afectados.

Viven atrapados en un buque que no reúne las condiciones mínimas para navegar, pero lo peor no es el limbo legal y geográfico que los confina en el Puerto de Las Palmas, sino la distancia y el tiempo que llevan separados de sus seres queridos. A esa angustia se suma una deuda salarial acumulada que alcanza los 68.000 dólares (casi 62.000 euros). A modo de ejemplo, el jefe de máquinas trabaja desde hace seis meses sin percibir remuneración alguna, solo por la obligación de mantener los sistemas básicos del navío operativos.

Batalla legal para el regreso

Ante la gravedad de los hechos y la falta de respuestas de la empresa, la ITF ha tomado cartas en el asunto. El representante del sindicato en Las Palmas, Gonzalo Galán, está coordinando la asistencia jurídica para tramitar el embargo preventivo del barco a través de los juzgados de lo mercantil, cuyo objetico es forzar la liquidación de la deuda.

El problema en este caso se agrava porque el Lady Mina carece de certificados para navegar y tampoco dispone del seguro obligatorio que se hace cargo de estas situaciones de abandono. Es, además, un buque reincidente, tal y como recogen las bases de datos sobre el abandono de tripulaciones que gestionan conjuntamente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

Antecedentes de abandono

La ITF destaca que no es la primera vez que se desatiende a la tripulación de este buque. El barco fue denunciado en diciembre de 2024, después de que el armador no pagara a los trabajadores durante cinco meses y los dejara abandonados en Djen Djen, Argelia.

Mientras se resuelve el nuevo proceso judicial en Las Palmas, los seis marineros dependen por completo de la solidaridad de organizaciones como Stella Maris, que han tenido que suministrar de urgencia agua potable y alimentos para evitar una crisis humanitaria a bordo.

Futuro incierto en el muelle

Todo apunta a que el Lady Mina pasará una larga temporada atracado en el muelle Nelson Mandela por tres motivos: tiene un motor roto, está retenido por Capitanía Marítima y la orden de embargo preventivo está en trámite. El problema es que el sistema judicial es lento y estos casos pueden demorarse hasta seis meses, como sucedió durante la pandemia con varios marineros también abandonados en la capital grancanaria, recuerda Galán, con más de una década como inspector en este tipo de incidentes.