Recirculación de los residuos, regeneración del agua o un uso limitado del suelo: Canarias da un nuevo paso hacia una nueva forma de entender los recursos. Ante el panorama de un cambio climático que en el Archipiélago tendrá unas consecuencias notables, como la desertificación, aumento del nivel del mar o la acidificación del océano, el Gobierno ha presentado la Ley Canaria de Economía Circular que dibujará en las Islas una nueva forma de entender los recursos, haciendo de la regeneración y reutilización el día a día de los canarios.
Tal y como recoge el documento, la economía circular "es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido". En este nuevo escenario planteado, cuando un producto llegue al fin de su vida útil como, por ejemplo, una lavadora, sus componentes deberán volver a la cadena de valor. De esta forma se busca abandonar el modelo lineal en el que se basa la economía canaria y sustituirlo por un modelo circular.
Esta nueva ley, que se encuadra dentro del camino hacia un Archipiélago verde para 2040 planteada por el Gobierno de Canarias se desarrolla en base a una serie de requisitos para lograr la reutilización y reducción de residuos. Así, el documento recoge numerosos criterios en materia de residuos, agua, energía, suelos, empleo, fiscalidad u ordenación del territorio que promueven una gestión de los recursos y los residuos de manera responsable con el medio ambiente.
Menos desperdicio al consumir
De esta forma, plantea con este nuevo documento una nueva estrategia en relación al consumo, con la reducción como objetivo. Así exigirá la "reducción del uso de materiales en los procesos productivos de bienes y servicios en relación al PIB y que garantice la eficiencia en el uso de los recursos". Además, de que se favorecerá la reducción de la "intensidad energética en los procesos productivos de bienes y servicios", recoge el documento.
En tema del consumo también se plantea una revisión en la forma que se acerca a las costumbres de hace décadas, donde no existía tanta dependencia del plástico. Así, demanda esta nueva ley, "promover la venta y la compra a granel, sin menoscabo de la seguridad alimentaria y los derechos de los consumidores, los bienes y servicios duraderos, el uso de productos que sean eficientes en el gasto de recursos, reparables y reciclables". Asimismo, se fomentará el uso de productos reutilizables y biodegradables, incluyendo los de higiene.
En relación al desperdicio alimentario, la ley propone que Canarias reduzca un 30% los desperdicios de comida para 2025 y un 70% para 2030. "Los establecimientos de hostelería y restauración deberán facilitar a los clientes los restos de alimentos no consumidos en envases aptos para el uso alimentario, reutilizables, compostables o fácilmente reciclables". Es decir, que si no te terminas el plato en el restaurante, te lo llevarás a casa.
El ciclo de vida de los residuos
Como la generación de residuos, ya sea de comida o de productos cuya vida útil ha terminado, es casi inevitable, también se recoge una serie de obligaciones en esta materia. Así, "los Cabildos Insulares y los municipios con población superior a los 20.000 habitantes, establecerán sistemas para facilitar el intercambio de objetos entre la ciudadanía con el objetivo de extender su vida útil", recoge el documento. Además de "potenciar, favorecer y regular el mercado de envases retornables con el fin de incrementar aquellos que sean reutilizables, así como fomentar la disminución de los que sean de un solo uso, especialmente de los de reutilización o reciclaje difíciles".
También las entidades locales deberán establecer "sistemas de pago por generación y tratamiento de residuos en función de la cantidad real de residuos que entreguen a los servicios públicos de gestión de residuo, al menos para aquellos productores obligados a disponer de contenedores de uso privativo, y especialmente de las fracciones mezcladas de residuos y de biorresiduos".
A su vez se obligará a los productores de residuos a "adoptar medidas que favorezcan la prevención en la generación de residuos y su reutilización, quedando obligados a la separación en origen de los residuos que generan, al menos en las fracciones que se establezcan, incluyendo aquellos que, por sus características, puedan destinarse a preparación para la reutilización". Esta separación de residuos en origen, recoge la ley, será obligatoria en todas las actividades. "En particular, los residuos generados en los hogares tendrán que entregarse separadamente, al menos en las fracciones que puedan entregar a los servicios públicos de recogida implantados en su municipio, incluyendo los que puedan entregarse en la red insular de puntos limpios", recoge.
Gestión del agua
Dada la insularidad y la alta desertificación en las islas, el agua potable es un recurso escaso. Así recoge la nueva ley que la planificación hidrológica de las administraciones tiene que incentivar "la gestión del ciclo integral del agua, para conseguir un modelo de economía circular de regeneración, reúso y vertido cero desplazando el modelo lineal de usar, depurar y verter el agua". De esta forma los planes hidrológicos deberán tener como objetivo la regeneración de las aguas residuales, la cual irá en aumento, en detrimento de "los objetivos del uso de agua desalinizada y de la proveniente de recursos subterráneos".
En relación a la gestión del agua, se recoge que las administraciones competentes "impulsarán una gestión eficiente y resiliente de los recursos hídricos tanto a través de la reducción de la pérdida de agua en el sistema como de la optimización energética del sistema hidráulico". Añade la ley que se deberá promover la recolección de las aguas residuales generadas y su transporte a las instalaciones de depuración "persiguiendo el objetivo de vertido cero tanto al subsuelo como al medio marino".
Una energía rehusada
En relación a la energía, y dada la nueva etapa de producción renovable que está afrontando Canarias, se promoverán políticas de innovación y desarrollo para que el equipo que se instale en el Archipiélago sea viable en relación a la reparación, reutilización, coprocesamiento y reciclaje. De esta forma las administraciones tendrán como obligación: la incorporación de criterios de reparabilidad desde el propio diseño de los componentes y materiales; establecer obligaciones para la reutilización de los elementos de los equipos de producción de energía para el mejor aprovechamiento de sus características mecánicas; así como promover la conversión de los residuos en materiales útiles como materias primas o combustibles verdes, con el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero.
A sí se establecerá un plan de economía circular para los residuos derivados del desmantelamiento de la industria energética tradicional y de la industria de energías renovables y las administraciones auditarán sus emisiones de GEI con el cálculo de su huella de carbono, certificando su compensación con reforestación en el territorio.
Fiscalidad y trabajo
Todas estas iniciativas se encuadran en un marco fiscal que claramente promoverá un ciclo en los recursos. Así, recoge el anteproyecto de ley que "se impulsará, en el marco de la normativa europea, la utilización de los Bonos Verde EU, para la financiación de los proyectos circulares, buscando que aquellos puedan servir de vehículo de materialización de los distintos incentivos fiscales previstas en el REF". Además, el Gobierno de Canarias promoverá una imposición verde que permita cubrir los costes de transición al nuevo modelo económico circular.
En relación al trabajo, se promoverá la detención de los empleos relacionados con la Economía Circular, con el objetivo de incluirlos en las políticas activas de empleo, y fomentar su implementación entre empresas y trabajadores, así como la promoción del nuevo empleo ecológico, generando oportunidades para colectivos de difícil inclusión en el mercado. En base a todo ello, "se promoverá desde el Gobierno de Canarias la elaboración de un Plan de I+D+I+C focalizado en los sectores que permitan la consolidación del modelo de Economía Circular en Canarias".
Solo suelo usado
Claramente la gestión del territorio en un archipiélago de las características del canario es un trabajo desafiante: por el escaso territorio, la ordenación de los servicios e infraestructuras y los riesgos de diferente índole. Lo que plantea el documento es un uso del suelo ya usado y en abandono. "El planeamiento urbanístico deberá establecer estrategias para la gestión social del espacio arquitectónico vacante, abandonado, incompleto y en mal estado, promoviendo la renovación urbana, tanto del espacio edificado como del espacio comunitarios, viarios, espacios libres y dotaciones".
De esta forma, recoge el anteproyecto de ley que a partir de ahora los nuevos planes de ordenación del territorio y de los planes urbanísticos municipales deberán priorizar el uso de "suelos ya ocupados y clasificados para la implantación de nuevos crecimientos y actividades antes que intervenir en nuevos suelos, con el objetivo de aprovechar estos suelos ya comprometidos evitando la ocupación de manera innecesaria y creando expectativas de nuevos aprovechamientos"
Sanciones
El documento tiene previstas una serie de sanciones a modo de multas para quienes no cumplan con las exigencias impuestas. Las infracciones leves tendrán una multa desde 100 euros hasta 2.000 euros, aunque las relacionadas con residuos peligrosos o suelos contaminados alcanzarán desde los 2.001 euros hasta 20.000 euros. Por su parte, las infracciones graves acarrerán una multa de 2.001 euros hasta 100.000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la multa será de 20.001 euros hasta 600.000 euros. Por último, las infracciones muy graves estarán castigadas con una multa de 100.001 euros hasta 3.500.000 euros, mientras que con la misma excepción que con las anteriores la multa será de 600.001 euros hasta 3.500.000 euros.
Este Anteproyecto de Ley Canaria de Economía Circular estará en consulta pública previa hasta el próximo 8 de abril, de manera que quienes tengan algún tipo de alegación y/o aportación al documento podrá hacerlo hasta esa fecha en la web de Participación Ciudadana.