El nuevo contrato marítimo con el que el Gobierno de España pretendía reforzar las conexiones entre la Península y cinco islas de Canarias ha quedado desierto. Ninguna compañía naviera presentó una oferta dentro del plazo establecido, que finalizó este lunes 26 de octubre.
El concurso, impulsado por la Dirección General de la Marina Mercante, contemplaba un presupuesto base de 3.042.000 euros para doce meses de servicio. Su objetivo era garantizar una conexión marítima regular que incluyera escalas en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
El resultado supone un contratiempo para un proyecto anunciado por el Estado como una mejora de la conectividad del Archipiélago, especialmente para las islas que aspiraban a disponer de escalas obligatorias dentro del nuevo contrato.
Sin ofertas
El procedimiento había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el 2 de octubre, con un valor estimado de 6,08 millones de euros, superior al presupuesto correspondiente a los doce meses iniciales.
Las empresas interesadas disponían hasta las 10:00 horas del 26 de octubre para presentar sus propuestas. Sin embargo, ninguna concurrió al proceso, por lo que la Administración tendrá que estudiar los siguientes pasos.
El Ministerio de Transportes está valorando las actuaciones administrativas necesarias para mantener y reforzar la conectividad marítima entre Canarias y el territorio peninsular, según las explicaciones facilitadas al medio majorero.
Por el momento, no se ha anunciado una nueva licitación ni se han comunicado cambios en las condiciones económicas que tendría un eventual segundo concurso, tal y como ha adelantado el medio Diario de Fuerteventura.
Cinco islas
El contrato recogía una novedad relevante respecto a las conexiones marítimas actualmente existentes: obligaba a incluir escalas en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, además de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Las navieras podían optar por establecer la cabecera peninsular en Cádiz o en Huelva, pero tenían que garantizar al menos una rotación semanal completa de ida y vuelta.
El itinerario debía realizarse con un mismo buque y contemplaba refuerzos en periodos de elevada demanda, como Navidad, Semana Santa y verano.
Entre las exigencias figuraban una capacidad mínima de 400 pasajeros en camarotes y 170 vehículos, atención médica a bordo, conexión wifi gratuita, accesibilidad y espacios destinados a los animales de compañía.
La licitación también fijaba tarifas máximas y valoraba las ofertas que mejoraran los precios, las condiciones ambientales y la calidad del servicio.
Tres millones
La dotación económica estaba concebida para compensar el déficit estimado de explotación durante un año.
El estudio económico incorporado al expediente calculaba unos ingresos anuales de 30,03 millones de euros procedentes de pasajeros, vehículos, carga y servicios a bordo.
Frente a esos ingresos, estimaba unos costes de explotación de 31,20 millones, a los que añadía un beneficio industrial del 6%, equivalente a aproximadamente 1,87 millones.
De esta diferencia resultaba una compensación pública de 3,04 millones de euros.
La ausencia de ofertas deja pendiente determinar si las condiciones técnicas, los costes de operación, las previsiones de ingresos u otros factores explican la falta de interés empresarial. El resultado del procedimiento, por sí solo, no permite identificar una causa concreta.
Rutas operativas
El concurso desierto no supone la suspensión de las conexiones marítimas que ya están funcionando.
El Ministerio ha señalado que se mantienen los servicios entre Huelva, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, así como la conexión desde Cádiz hacia las dos capitales canarias, conforme al régimen vigente.
La cuestión pendiente es cómo garantizar las condiciones y escalas previstas en el nuevo contrato, especialmente para Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.
La conectividad marítima tiene un papel esencial en un territorio fragmentado y alejado de la Península, tanto para la movilidad de residentes como para el traslado de vehículos y mercancías.
El Gobierno de Canarias ya había reclamado durante 2026 garantías sobre la continuidad de las rutas de interés público. El resultado de la nueva licitación devuelve esa incertidumbre al debate institucional.
La Dirección General de la Marina Mercante deberá determinar ahora qué procedimiento sigue para asegurar el servicio previsto y si mantiene o modifica las obligaciones contempladas en el concurso que acaba de quedar desierto.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.