El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el Real Decreto-ley 23/2026, que permitirá al Gobierno de Canarias destinar más de 600 millones de euros de superávit a inversiones sostenibles durante 2026 y 2027. La norma también contempla una reducción de un 60% del IRPF para los residentes de La Palma y habilita 100 millones de euros para apoyar al sector primario de la isla.
Según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado, el ministro Ángel Víctor Torres ha sido el encargado de presentar la norma, que da continuidad a las medidas de reconstrucción económica y social de La Palma tras la erupción volcánica de 2021.
La reducción de un 60% del IRPF correspondiente al ejercicio 2026 permitirá, según ha señalado Torres, que esta bonificación se refleje de manera inmediata en las nóminas de los residentes en la isla. Por otro lado, los 100 millones de euros destinados al sector primario permitirán compensar las pérdidas de producción de agricultores y ganaderos durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026, así como financiar la reconstrucción de infraestructuras agrarias afectadas por la erupción. Estos fondos serán ampliables en caso de que resulte necesario.
Moratoria para agricultores
La norma también contempla una nueva moratoria para agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte que habían solicitado préstamos, así como medidas relacionadas con las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los autónomos.
Además, el Consejo de Ministros aprobó este martes 33 millones de euros adicionales para los convenios de reconstrucción vigentes con el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos que han presentado correctamente las solicitudes de modificación de sus obras.
Más de 600 millones para inversiones en Canarias
En cuanto a la financiación autonómica, el Real Decreto-ley permitirá a Canarias utilizar más de 600 millones de euros de superávit para financiar inversiones sostenibles durante 2026 y 2027, incluidas actuaciones en materia de vivienda, en lugar de destinar estos recursos a reducir deuda.
La medida beneficiará a ocho comunidades autónomas cuya deuda sobre el PIB era inferior al 12,4% al cierre de 2025: Canarias, Asturias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. Según el Ministerio, esta flexibilización permitirá movilizar cerca de 4.000 millones de euros para inversiones en el conjunto de estas comunidades, sin que los fondos utilizados computen a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.