Los constructores y promotores de Las Palmas anuncian que contratarán a personal extranjero ante la dificultad que tiene el sector para encontrar mano de obra local.
Según ha comunicado este jueves la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, estos trabajadores vendrán de países como Chile y Perú, con los que España mantiene convenios en materia de Seguridad Social y según permite la Ley de Extranjería, y se alojarán en viviendas de fabricación industrial.
Falta de mano de obra local
Durante la asamblea general de la asociación se abordó esa dificultad del sector para encontrar mano de obra local "a pesar de que se le ofrece sueldos superiores al salario mínimo interprofesional y horarios que permiten conciliar", dijo.
Al parecer existe un 12% de absentismo "que merma un 10% la facturación del sector". De esta manera se está tramitando en coordinación con la Delegación del Gobierno en Canarias "1.000 expedientes de trabajadores especializados".
Continuidad
En este sentido apunta que se trata de unos procesos que "tendrán continuidad" porque consideran "insostenible la situación que perciben en Canarias con 12.000 parados registrados de los que sólo mil tienen un certificado profesional relacionado con la construcción".
Gil apuntó que "no hablamos de que nuestros trabajadores que están enfermos tengan que venir a trabajar, sino de un absentismo que es consecuencia de las listas de espera y de los 'listos' de espera". Por ello consideran que "hay que arreglar el control de los absentistas profesionales y permitir que las pruebas diagnósticas puedan ser desarrolladas por las mutuas, ya que tardan hasta un año, lo que supone unos costes brutales a las empresas".
Solución habitacional
A los trabajadores extranjeros se les ofrecerá como solución habitacional "una vivienda industrializada unifamiliar de 30 metros cuya ubicación en núcleos se estudia para garantizar la legalidad, ya que, al no ser cimentadas no pueden ubicarse sobre suelo urbano, sino en suelo rústico común debido a un problema de planificación", contó.
Añadió que hay un "problema serio" porque "hemos tenido que entrevistar a 3.330 personas para que 90 aceptaran formarse en control de obras con drones, inmersión 3D en hormigón o vivienda industrializada". De hecho Gil recalcó que "no se trata de salario porque el medio en el sector supera los 23.000 euros, mientras que un peón ordinario cobra 20.000, un 32 % más que el SMI, a lo que se suma, un plan de pensiones y una carrera profesional instaurada en el mejor convenio colectivo de España".