El debate de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros en Canarias ha traspasado fronteras para llegar hasta Málaga. El origen es una propuesta que el Gobierno de España presentó a la Comisión Europea para ponerle freno a una realidad que disminuye la oferta de casas en medio de una crisis habitacional que azota a buena parte del Archipiélago.
La idea planteada desde el Estado es que Europa le dé permiso para controlar la venta de inmuebles a personas de otros países si no se van a destinar para el uso residencial. Sin ir más lejos, un informe del Banco de España lo señaló como un problema porque puede disparar el precio de los alquileres en zonas tensionadas donde muchos jóvenes no pueden emanciparse.
¿Se hará lo mismo en Málaga?
Después de que el Ejecutivo central pidiera la bendición para actuar en las Islas, Sumar —que también forma parte del Consejo de Ministros— ha preguntado por escrito al Gobierno en el Congreso de los Diputados si va a actuar de la misma manera con Málaga, una provincia castigada por la gentrificación y un alto volumen de extranjeros haciéndose con inmuebles.
Según datos publicados por Idealista en septiembre del año pasado, la provincia andaluza es la tercera del país donde existe una mayor demanda foránea (27,1%) para adquirir una vivienda. La consulta parlamentaria recoge que, aunque Canarias es una de las comunidades con más dificultad para el acceso a una vivienda digna, “no es la única lamentablemente”.
La Junta de Andalucía
“Málaga, sus ciudades del litoral, presentan datos similares, e incluso más agravados de circunstancias que dan lugar a ese alejamiento de la mayoría social de un derecho constitucional como es el de la vivienda”, detalla el documento consultado por Atlántico Hoy. Pero la cosa no queda ahí porque, además, lanza un dardo contra la Junta de Andalucía.
Señala que “si no se mostrase sumiso ante la Ley de Vivienda estatal, tendría más de diez municipios, principalmente Málaga y Marbella como altamente tensionados”. Toni Valero, el diputado de Sumar que presentó la pregunta, anunció su iniciativa parlamentaria el pasado 23 de enero. Día que pidió explícitamente al Estado hacer en Málaga lo mismo que en Canarias.
Viviendas vacacionales
El texto apunta que, al igual que Canarias, la provincia de Málaga padece una “proliferación abusiva de viviendas de uso turístico” que limita “considerablemente” su uso social de residencia habitual. “Concentra un alto porcentaje, con el 42% sobre el total, de casas compradas al contado, señalando una especulación inmobiliaria”, pone sobre la mesa.
“O el alto número”, prosigue, “con más de una de cada cuatro viviendas, de adquisiciones por personas extranjeras, destinadas muchas ellas a segunda residencia o uso meramente vacacional”. Además, señala que “las acciones frente a la emergencia habitacional solo pueden venir de la mano de la intervención pública” y así evitar el uso “mercantilista”.
“La vivienda no puede seguir siendo tratada como un bien especulativo. En demasiados territorios del Estado, especialmente en aquellos con una alta densidad turística o una elevada presencia de inversión extranjera, se está reproduciendo un mismo fenómeno: el encarecimiento estructural de la vivienda y la expulsión de la población residente”, sentencia.