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Trabajadores sanitarios frente a un ordenador de mesa. / ARCHIVO

Denuncian que Canarias destina casi 335 millones de euros de su presupuesto sanitario a centros privados

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública alerta de las listas de espera, la sobrecarga del personal y las desigualdades en el acceso a la asistencia

Canarias destina el 7,3% de su presupuesto sanitario público, unos 334,8 millones de euros, a centros privados mediante conciertos y concesiones, según los datos difundidos en un comunicado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC). 

La organización sostiene que Canarias se encuentra "entre las comunidades con mayor privatización sanitaria" y asegura que hasta 2025 era la región "donde este proceso avanzaba a mayor ritmo". Además, denuncia que parte de los contratos con centros privados "están vencidos" y apunta a "presuntas irregularidades en su gestión, como el fraccionamiento de contratos para evitar su licitación."

Gasto sanitario

Según la asociación, el 24,7% de la población canaria ha recurrido a especialistas privados y el 23,6% a médicos de familia de aseguradoras privadas. La entidad relaciona esta situación "con las listas de espera de la sanidad pública que aumentan las desigualdades en el acceso a la asistencia".

Asimismo, señala que los residentes en Canarias gastan "una media de 553,35 euros anuales en servicios sanitarios privados, como atención bucodental, óptica, consultas especializadas, pruebas diagnósticas y rehabilitación", lo que supone una "dificultad añadida para las personas con menos recursos económicos".

Impacto del turismo 

La ADSPC también advierte del impacto del turismo sobre la demanda asistencial y denuncia que las "deficiencias en el control y la gestión de la atención a turistas provocan que las administraciones dejen de ingresar parte de los costes de estos servicios".

Sobrecarga 

Por otro lado, la asociación alerta de "la sobrecarga laboral del personal sanitario" que atribuye a "los recortes de plantillas y derechos laborales", y reclama una "mayor participación de los profesionales y la ciudadanía en las decisiones sobre el sistema público".

La ADSPC ha expresado "su apoyo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre" y ha llamado "a participar en las movilizaciones y en los comités de huelga de centros de trabajo, centros educativos, barrios y pueblos".

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