Seis años después de que se sometiera a información pública por primera vez, los parques eólicos que la empresa Iberdrola, a través de Energías Verdes de Tenerife, impulsa en el sur de Tenerife encaran una fase fundamental para su instalación: las expropiaciones. La empresa ha solicitado la declaración de utilidad pública de los parques eólicos El Vallito y Tarajales para facilitar la expropiación de 78 parcelas ubicadas en el municipio de Granadilla de Abona.
La declaración de utilidad pública del proyecto implicará la expropiación forzosa de las parcelas afectadas, por lo que se ha iniciado el procedimiento de información pública en los boletines oficiales para la presentación de alegaciones por parte de los afectados.
El Vallito: 36 fincas afectadas
El proyecto del Parque Eólico El Vallito, con una potencia prevista de 13,125 megavatios (MW), contempla la afectación de 36 fincas incluidas en el anexo de bienes y derechos. La instalación estará compuesta por cinco aerogeneradores de 114 metros de diámetro de rotor y 80 metros de altura de buje. La inversión prevista para este parque asciende a 24.470.759,03 euros.
Tarajales: 42 parcelas en el listado
Por su parte, el Parque Eólico Tarajales, de 10,4 MW de potencia, recoge en su documentación la afectación de 42 parcelas.
Al igual que en el caso anterior, el proyecto incluye la instalación de tres aerogeneradores de 132 metros de diámetro de rotor y 84 metros de altura de buje, así como las infraestructuras necesarias para la conexión a la red eléctrica. La inversión prevista para este parque asciende a 9.595.217,30 euros.
Tramitación
Ambos parques están promovidos por la empresa Energías Verdes de Tenerife, S.L.U., una sociedad que forma parte del grupo Iberdrola, una de las principales compañías energéticas de España.
La tramitación administrativa de ambos parques se remonta al año 2020, cuando se sometieron a sus primeros periodos de información pública. Los anuncios actuales corresponden a una fase más avanzada: la solicitud de declaración de utilidad pública, que implica la posibilidad de iniciar procedimientos de expropiación forzosa sobre los terrenos necesarios para ejecutar las instalaciones.
La declaración de utilidad pública es un trámite determinante, ya que permite garantizar la disponibilidad de los suelos necesarios para la construcción de los parques eólicos y sus infraestructuras asociadas.